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La causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA empezó hace quince años y está en condiciones de llegar a juicio en el segundo semestre del año, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2. En esa primera causa se investiga si el ex juez federal Juan José Galeano desvió la investigación dirigiéndola hacia los policías bonaerenses que finalmente quedaron absueltos. Otro tramo, que aún continúa en investigación, tiene entre los involucrados al ex ministro menemista, Carlos Corach, y le valió al juez federal Ariel Lijo el llamado de atención de la Cámara del Crimen, tras un reclamo por “retardo de justicia” de Memoria Activa.

La investigación por el encubrimiento comenzó en 2000, cuando Claudio Lifschitz -uno de los prosecretarios del juzgado de Galeano- contó que el exjuez y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses. Todo ello cuando se producía un enfrentamiento entre el entonces gobernador Eduardo Duhalde y Menem. Después de un derrotero de jueces de instrucción y camaristas apartados por propia decisión y otros recusados por las partes, en 2005 el expediente recaló en el juzgado de Lijo.

En diciembre del año pasado, la Cámara del Crimen revirtió por segunda vez los sobreseimientos dispuestos por el juez. La medida dispuesta en julio de 2012 y reiterada julio de 2014, beneficiaba al ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem, su tocayo Carlos Corach; a los secretarios de Galeano, al momento de los hechos, y a otra serie de imputados, entre los que figuran el actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez.

En la resolución le pidieron al juez –tal como ya lo habían hecho en 2007– que ordenara las medidas de prueba que fueran necesarias. Todo ello para determinar Corach, Galeano y un grupo de fiscales, abogados y secretarios del juzgado participaron en el pago de 400 mil dólares a través de la SIDE, al ex reducidor de autos y ahora abogado Carlos Telleldín para que involucrara falsamente en el atentado a policías de la bonaerense que hoy, luego de haber sido acusados en el expediente del atentado, son querellantes en la causa por encubrimiento.

Los sobreseimientos de Lijo

En julio de 2012 Lijo dio por cerrado ese segundo tramo de la causa encubrimiento y sobreseyó a los imputados. La medida fue apelada por las querellas que representan a los familiares de Memoria Activa, la del ex comisario Juan José Ribelli y la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación. El fiscal de la Unidad AMIA Alberto Nisman no acompañó esta apelación y esto le valió el repudio, sobre todo, de los familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa.

“Al no recurrir se consiente tácitamente”, señalaron a Infojus Noticias fuentes del expediente. La decisión del Ministerio Público dejó a este segundo grupo de causas vinculadas al encubrimiento, al borde de perecer. Los defensores de los secretarios de Galeano –Javier Da Gamas, Susana Spina, Carlos Velasco y José Pereyra- cuestionaron que la querella pudiera, “en solitario” apelar los sobreseimientos dispuestos por Lijo. Los camaristas rechazaron esta posición.

Entendieron entonces que “el juzgador [Lijo] aún no se ha expedido sobre ciertos puntos que han sido cruciales” y advirtieron sobre un “tratamiento dispar ante similares circunstancias”. Una fuente judicial explicó a Infojus Noticias que ya en 2005 el fiscal Gerardo Di Massi, señaló a Corach en igual término que el entonces jefe de la SIDE, Hugo Alfredo Anzorreguy, para que el juez a cargo de la instrucción los investigue en “lo relativo al pago a Telleldín”. Pero la investigación corrió por distinto derrotero para ambos.

En 2006, el ex titular de la SIDE fue procesado por estos hechos. Hoy figura entre los doce imputados que junto a Galeano, Carlos Menen y el propio Telleldín, están en condiciones de enfrentar un juicio por estos hechos, a partir del segundo semestre de este año. Corach, fue desvinculado de la investigación por Lijo en dos oportunidades (en 2012 y nuevamente en 2014). Pero en diciembre los integrantes de la Cámara del Crimen lo conminaron a que lo investigara.

El informe 106 de Inteligencia

Tras una audiencia con las partes, el 11 de diciembre de 2014, los integrantes de la Cámara del Crimen apuntaron que Lijo “no cumplió” con las medidas de investigación que ya le habían indicado en 2007, “a pesar de habérselo intimado en varias oportunidades”. Y tras revocar los sobreseimientos, le ordenaron seguir la hipótesis de que la maniobra se hizo para desviar la investigación de la llamada pista siria, que involucra al ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul en el atentado.

Puntualmente, le recordaron al juez la escasa voluntad de investigar que mostró a la hora de valorar el llamado Informe 106. Se trata de información sobre el entrecruzamiento de llamadas entre el ex juez Galeano, Corach, el jefe de la SIDE, Anzorreguy, el reducidor de autos Telleldín y su abogado, Víctor Stinfale, el dirigente de la DAIA, Rubén Beraja, y el Departamento de Finanzas de la SIDE, entre otros.

Ese informe fue pedido por primera vez en la causa en 2004, cuando el caso estaba en manos de la jueza María Servini de Cubría. El pedido de la jueza fue dirigido a la propia SIDE, y la respuesta no llegó hasta 2007, cuando Lijo reiteró la solicitud.

“El 18 de octubre del mismo año (2007), la Secretaría de Inteligencia (S.I.) remitió el informe 106 al que le asignó la 'máxima clasificación de seguridad, encontrándose pues amparada por la disciplina del secreto′”, recuerdan los camaristas en la resolución. Sobre este informe pesan los términos de la Ley de Inteligencia, por tanto ninguna de las partes pudo acceder a él, pero según interpretan los magistrados, ni siquiera contiene la información requerida desde 2004 en la causa.

La SIDE, por una parte investigada y por otra informante, dijo que “carecía de la totalidad de la información referente a las comunicaciones efectuadas en el período de interés, tampoco podían descartarse otras a las allí indicadas”.  “Lijo pidió información sobre los llamados a los que estaban siendo investigado, le mandaron algo irrelevante y no tomó nuevas medidas”, explicaron conocedores de la trama judicial.

Los camaristas González, Bruzzone y Rimondi además le indicaron al juez Lijo que obtenga “copia de las filmaciones del “10 de abril y del 1 de julio de 1996”, donde se filmó la negociación de Galeano con Telleldín. Este material, “registrado para entregar copia a la SIDE” para “presionar a otros testigos”, habría sido enviado por Lijo, por completo y sin dejarse una copia, al tribunal oral que tendrá a cargo el juicio. Dispusieron además que el  personal judicial que por entonces trabajaba con Galeano declare como testigo en la causa para desmentir o confirmar los dichos de Lifschitz, quien afirmó que el exjuez orientó la pista a la policía bonaerense luego de una reunión con Corach en Casa Rosada.

El 30 de diciembre, por indicación de la Cámara, Lijo dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva del ex comisario de la Bonaerense, Luis Ernesto Vicat; del actual camarista Federico Domínguez,  y de la abogada Marta Nélida Parascandalo; de Aldo Andrés Spicacci Citarella y de Miguel Ángel Márquez, por considerarlos partícipes necesarios del delito de  extorsión. Asimismo, convocó a prestar declaración indagatoria a los imputados Velazco, De Gamas, Spina y Pereyra, los secretarios de Galeano, y ordenó medidas de prueba respecto a Corach.

Instrucciones para investigar con celeridad

“Para evitar cualquier divergencia interpretativa sobre lo ordenado, las diligencias habrán de disponerse antes del 31 de diciembre de 2014”, indicaron los camaristas que pretenden que Lijo le imprima “celeridad” a la investigación por el encubrimiento del atentado ocurrido hace 20 años. Con la misma premura, le indicaron que requiera a la Oficina Anticorrupción que “ponga en conocimiento el destino de los fondos reservados que habría utilizado el Ministerio del Interior” menemista, con posterioridad al atentado.

En la resolución los jueces reconstruyen tramos de la audiencia de más de seis horas, donde las partes debatieron sobre la conveniencia o no de apartar a Lijo de la investigación, como había pedido una de las querellas. Finalmente, se definieron por la continuidad del juez dado que al ser consultados el resto de los acusadores sostuvieron la necesidad de que el expediente avance hacia la etapa de debate, destacando que le llevaría mucho tiempo a un nuevo juez “acceder a un acabado conocimiento de la causa”.

De avanzar la investigación, según los plazos fijados por la Cámara, existiría la posibilidad de que un segundo grupo de imputados, por lo menos diez y entre ellos Corach, puedan ser de la partida cuando comience el debate oral que ya tiene en el banquillo de los acusados Menem, uno de sus hermanos, Munir Menem, y al ex juez Galeano, entre otros.