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La abogada María Rosa de Ferraris presentó un recurso de amparo contra la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que los edificios judiciales de la ciudad de Necochea se adecuen y sean accesibles para personas con problemas motrices y pueda realizar su trabajo en igualdad de condiciones que sus colegas.

Ferraris se matriculó en el colegio de abogados de Necochea hace once años. Allí ejerce su profesión condicionada por la dificultad, e incluso imposibilidad, de acceder a muchos edificios judiciales, porque no están preparados para personas con discapacidad motriz. Dice que la solicitud que hizo no es sólo por su situación –aunque sea la única abogada de la ciudad que se desplaza en silla de ruedas- sino por todos los ciudadanos que acuden a estas dependencias para realizar trámites y que se ven discriminados en el acceso si tienen problemas motrices.

“El amparo es contra la Suprema Corte, que es quien tiene que cumplir la ley”, remarcó Ferraris. El recurso fue sorteado y hoy quedo radicado en el Juzgado Contencioso y Administrativo de Necochea. En una semana tiene que haber una respuesta. El mismo solicita una adecuación edilicia previa a la mudanza, que contemple no sólo una rampa de acceso, sino también baños y posibilidad de circulación dentro de la dependencia en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.

“Dijeron que van a tratar de hacer una sala de audiencias en un piso bajo, pero yo no quiero condiciones especiales ni que nos pongan en un lugar diferente, quiero que hagan los ajustes razonables y que no se muden hasta que sea accesible”, explicó Ferraris.

El motivo del  amparo es la inminente mudanza de algunas dependencias judiciales a un edificio no adecuado para el acceso y circulación de personas con movilidad reducida, al igual que los edificios donde funcionan en la actualidad. Y se basa en “la convención al derecho a trabajar en igualdad de condiciones, que está en el artículo 36 de la Constitución provincial, porque me siento discriminada al trabajar”, explicó a Infojus Noticias Ferraris.

 “Trabajo con la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que funciona en un primer piso por escalera. Cuando tengo audiencias o testigos, tienen que desalojar oficinas donde hay empleados trabajando. Los pasillos están llenos de cajas, que sacan cuando llego, porque si no no paso. Tengo que depender que otra personas hagan los trámites por mí, y pagar costas extras que no son contempladas”, relató.

En 2013, la comisión de abogados con discapacidad de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que Ferraris preside, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y plantearon las barreras edilicias existentes en los edificios de esta jurisprudencia. El entonces presidente de la Corte, Héctor Negri, les explicó que los edificios son alquilados y que “por eso no los podían modificar, pero nos dieron la palabra que en las nuevas locaciones iban a tener en cuenta la accesibilidad. Comprendí, y estuve 10 años en estas condiciones”, informó.

Los dos juzgados civiles, el juzgado de familia, la receptoría general de expedientes y la oficina de Mandamiento y Notificaciones que funcionan en Necochea presentan barreras arquitectónicas que impiden el libre acceso de personas con discapacidad. Varios de los alquileres terminan este año y “la Suprema Corte alquiló un nuevo edificio, que está en el sector balneario, que tiene los mismos problemas edilicios que los anteriores. No sé como pasa esto, con la jurisprudencia que hay al respecto”, refirió a Infojus Noticias María Bellomo, presidenta del Colegio de Abogados de Necochea, que apoya el amparo.

Garantizar los mismos derechos

El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -y su protocolo facultativo, que forman parte de la Constitución Nacional- dice sobre la accesibilidad: “Para que las personas puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados deben adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico.”

Y el artículo 2 plantea que “ajustes razonables son las modificaciones o adaptaciones necesarias para garantizar a las personas con discapacidad derechos en iguales condiciones, a fin de remover las barreras, en este caso arquitectónicas”, explicó a Infojus Noticias Yael Hergenreder, abogada de ADAJUS, el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia. Es un área que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

ADAJUS se focaliza en dar acceso a la justicia a personas con discapacidad, tratando de borrar las barreras con las que se encuentran durante los procesos judiciales. “Si uno se encuentra con dificultades para acceder al edificio, como es el caso de la abogada que presentó el amparo, esa es la primera barrera procedimental: la edilicia. Nosotros hacemos capacitaciones con las que  se busca concientizar a los actores del poder judicial para que puedan aplicar la Convención”, dijo Hergenreder. Y concluyó: “Estamos en un camino de transición de un modelo médico a uno social respecto de las discapacidades”.

JB/RA