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El debate por la reforma de inteligencia, que se desarrolló en el Salón Azul del Senado como parte del período de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 11. Sin la presencia de la oposición, el plenario -a cargo de las comisiones de  Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales-  participaron el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini y las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia. "Lamentamos que hayan sillas vacías. En estas instancias es donde se defienden los debates democráticos, porque  a las instituciones se las defiende debatiendo y estando en las instituciones", dijo el senador Miguel Pichetto en la apertura, haciendo referencia a la ausencia de los legisladores opositores.

Luego tomó la palabra el secretario de Inteligencia Oscar Parrilli, para quien la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "es una deuda pendiente de la democracia, ningún gobierno anterior lo impulsó, es histórico porque habrá un cambio de paradigma". En estos momentos, el funcionario está realizando una exposición histórica sobre la inteligencia dentro del Estado. En ese sentido, subrayó que "hoy comienza un debate integral, que busca la transparencia en la labor inteligencia al servicio de los intereses del pueblo". Y agregó: "Es necesario avanzar en una agencia federal democrática".

Además, se mostró “abierto a propuestas para mejorar el texto” de la norma. A su vez, precisó que los nuevos servicios  de inteligencia estarán destinados a combatir los delitos de “terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, ciberdelitos y otras formas de criminalidad”.

Para terminar con los agentes “delivery”

Por otra parte, remarcó además el artículo 15 bis, que dice que “todas las actividades de Inteligencia deberán ser ordenadas por las máximas autoridades” para “evitar actividades (de los agentes) por cuenta propia con objetivos no explicitados”. Y apuntó que los funcionarios sólo podrán relacionarse con los servicios de inteligencia a través de su director y subdirector, o de contrario ambos serán penalizados.

"Con esto se terminan los agentes delivery", dijo Oscar Parrilli, al concluir la reunión. Y recordó "está ley la presidenta nos la pidió desde el primer momento en el que asumimos", negando los dichos de la oposición que relacionó la AFI con el caso de Alberto Nisman.

Al igual que Zannini, aclaró que las "escuchas" no se transfieren a la Procuración sino al Ministerio Público Fiscal. Destacó que este organismo, independiente de los tres poderes, está integrado por la Procuración y por la Defensoría General.

El subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, destacó que la reforma aportará “un nuevo marco jurídico de toda la actividad de todos los organismos de Inteligencia de Argentina, de acuerdo a los principios de la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos”. En esta línea, precisó que se pondrá un tope de 25 años para la clasificación de la información y dijo que “se faculta al Poder Ejecutivo para que en cualquier momento pueda ser desclasificada información antes del plazo, atendiendo a un reclamo histórico de las organizaciones civiles”.  Dijo que el actual gobierno desclasificó decretos del Poder Ejecutivo -más de 7 mil desde 1953 hasta 2012-, los cuales estaban apartados del conocimiento público. Y agregó: “Somos más restrictivos que la propia ley de datos personales a la hora de prohibir la administración de datos sensibles”.

El rol del oficial de cumplimiento

El funcionario adelantó que la ley tiene previsto crear un banco de datos centralizado y se establecen normas muy específicas para su almacenamiento. “Se crea además la figura de oficial de cumplimiento, que será encargado de proteger y garantizar la base de datos con información de inteligencia”, dijo.

Para Mena, la reforma fortalece el control de la justicia sobre los servicios de inteligencia y destacó que en el proyecto de ley se incorporan normas que restringen más aún la utilización de datos personales por parte de la nueva Agencia Federal de Inteligencia.

Con respecto a las modificaciones de las penas,  dijo que se incrementan para el caso de intercepción de comunicaciones, elevándola a una pena de entre 3 y 10 años. “También las penas previstas para la omisión de destruir material, aquel funcionario estaba alcanzado por penas de 3 meses a un año, y ahora será de 2 a 6 años de prisión”, dijo.

Además, la nueva ley apunta a crear dos tipos penales: las actividades de inteligencia no autorizadas, previendo una pena de 6 meses a 3 años, con inhabilitación especial; y un castigo a las actividades de inteligencia prohibidas, que tendrán de 3 a 10 años de prisión e inhabilitación.

"Nos proponemos mejorar los servicios de inteligencia cambiando el eje rector. Ahora será una Agencia Federal y no una secretaría. Queremos fortalecer los derechos de los ciudadanos y fortalecer las penas de los que no cumplen con la norma", agregó a continuación Carlos Zannini. Y señaló, también, que se mantiene la comisión bicameral encargada de monitorear el trabajo e los servicios y seguirá teniendo su rol controlador. “No modificamos las facultades de control de ese organismo", apuntó.

En este sentido, dijo que de los 53 artículos de la norma original, se modifica alrededor de “un 43% de la misma”.  A su vez, sobre el tema de las escuchas telefónicas,  justificó que las mismas sean supervisadas  por el Ministerio Público Fiscal y explicó que no es posible que “las controle la Corte Suprema  porque traería problemas para el caso de que el máximo tribunal tuviera que participar en las causas y se quiebre la imparcialidad”.

Por último, abrió el debate a la oposición y consideró "lamentable" su ausencia en el plenario. "Es una ley que necesita discusión, que tiene que seguir trabajándose. Somos optimistas en que los senadores ausentes se presentarán en el recinto para enriquecer esta ley, que apunta a una democratización de las funciones públicas y la vigencia de los derechos humanos. Saludamos en este sentido la participación del CELS", concluyó.

En consonancia con los otros expositores, destacó que le proyecto de ley propone sanciones más duras para los delitos referidos a las tareas de inteligencia, ratifica el control del Poder Legislativo sobre las actividades de la AFI, propone la creación de la Escuela Nacional de Inteligencia para la formación de los nuevos empleados y “para capacitar con preceptos modernos a los que quedan”, y finalmente, que  “la AFI tendrá la supervisión de los agentes una vez que se jubilen para evitar que tengan actividades ilegales”.

El plenario, que culminó con preguntas de los legisladores presentes, comenzó como parte del período de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. El mismo está a cargo  de las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo de Marcelo Fuentes, y de Justicia y Asuntos Penales, que dirige Pedro Guastavino. El debate pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 11, donde está previsto que se presente el CELS.