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Carmelo Cipollone, ex delegado de Propulsora Siderúrgica, fue secuestrado en la madrugada del 24 de marzo de 1976, a horas de concretado el golpe de Estado. Se lo llevaron de su casa de la calle Mitre al 4000, en Berisso, y lo cargaron en un colectivo junto a un gran grupo de obreros de Siderúrgica, Astilleros y el frigorífico Swift. "Alrededor de mi casa había tropa de Marina, apuntando", recordó. Esa madrugada ocurrió un  mega operativo comandando por la Marina en el que cientos de personas con actividad gremial fueron detenidos ilegalmente. En micros los “pasearon” por los barrios de Ensenada y luego los subieron a un barco, donde los torturaron. Encapuchados y desnudos, fueron conducidos hasta un edificio de la Armada que funcionó como centro clandestino. Allí los interrogaron, con simulacros de fusilamientos y los amenazaron con arrojarlos al Río de La Plata. Después los derivaron a los otros centros de detención del  denominado Circuito Camps.  

Cipollone debió exiliarse en Italia. Hace diez años, ante un tribunal federal, también acusó a empresarios. “Tengo la sospecha de que Néstor Corteletti, mi exjefe de Personal de Propulsora, fue el que me marcó”, dijo  y señaló también al abogado de la empresa, de apellido Fidanza, como una de las personas que también "andaban marcando gente". El de Cipollone es uno de los casos de “Escuela Naval”, una causa que fue elevada a juicio  tras una instrucción realizada por fiscales federales de La Plata. No será un juicio más por delitos de lesa humanidad: por primera vez se pondrá la lupa en el accionar de los jerarcas de la Marina. Se calcula que habrá cerca de cien víctimas.

La investigación estuvo a cargo de los fiscales federales de La Plata Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández. Los fiscales aseguraron a Infojus Noticias que la causa, elevada a juicio en marzo de este año, marcará un antes y un después en entender cómo funcionó la Armada en los circuitos represivos de la capital bonaerense. Dijeron, además, que no sólo pondrán la lupa en los represores sino que investigarán la complicidad empresarial, tal como lo señaló Cipollone. De la investigación se desprende otro dato revelador: mientras la dictadura cívico militar benefició a algunas  empresas –como Propulsora Siderdúrgica, del Grupo Techint- persiguió duramente a los trabajadores sindicalizados.

La zona del puerto es uno de los enclaves fabriles clave de la región. Forma parte del cordón industrial bonaerense –incluye a Berisso, Ensenada y el río Santiago- y allí se concentran, además del tráfico de aduana, grandes industrias como YPF, Astilleros Río Santiago, IPAKO, Propulsora Siderúrgica y Petroquímica Mosconi. En los ´70, había aproximadamente entre 15 y 20 mil trabajadores. Muchos de ellos fueron perseguidos y secuestrados en centros clandestinos de la Armada.

La novedad de esta instrucción es que involucra a los miembros vivos con mayor grado de responsabilidad en las acciones desplegadas por la Fuerza de Tareas Nº5 (FT5) de la Armada, uno de los ejes del plan represivo que hasta ahora había sido eclipsado por la investigaciones en torno de la Policía conducida por Ramón Camps, según informó recientemente el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La causa “Escuela Naval” tiene como imputados a seis jerarcas de la Armada, a dos jefes de la Prefectura Naval y a otros dos oficiales de esa fuerza. Se trata del ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea Nº5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg; el ex comandane del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIM3), José Casimiro Fernández Carró; el segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIM3, Ángel Antonio Mocellini, quien además cumplió funciones como comandante del grupo de tareas de la FT5, y el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIN3, Roberto Eduardo Fernando Guitian. También son investigados los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza.

Están acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, que fueron confinadas y torturadas en centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada. En este sentido, la acusación fiscal desarrolla los hechos que damnificaron a tres víctimas desaparecidas, otras 36 secuestradas y torturadas que finalmente sobrevivieron y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata, en pleno centro de la capital bonaerense.

La pista de la complicidad empresarial

“Es una causa grande, ahora estamos trabajando sobre las puntas de la complicidad empresarial. La continuación de la investigación es compleja y queremos profundizar en los marinos y los prefectos de la zona para establecer mayores precisiones sobre la cadena de mandos. Buscamos que el juicio empiece lo antes posible porque hay represores con edad avanzada”, dijo a esta agencia el fiscal federal Hernán Schapiro. El pedido no es casual: en La Plata hay juicios en curso por otras causas por delitos de lesa humanidad –como “La Cacha”-, y los fiscales exigieron que la justicia no priorice unos sobre otros. En el camino, ya fallecieron represores como Néstor Estévez, uno de los jefes de la FT5.

A cargo de los jerarcas de la Marina estaba la temeraria FT5, que reunía al personal, las instalaciones y la logística de la Escuela Naval Militar (cuyo director ejercía el comando de la Fuerza de Tareas), el Liceo Naval Almirante Brown, el Hospital Naval Río Santiago, el BIM3, la Prefectura La Plata, el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería de Marina y otras dependencias con asiento en La Plata, Berisso y Ensenada. 

Así lo detalló el informe de la fiscalía: "Salvo los casos de Méndez y Meza, los imputados por esta Fiscalía son ex funcionarios que ocuparon cargos jerárquicos dentro de la estructura de la Armada Argentina, cuya función consistió en llevar adelante la ejecución del plan criminal trazado por la autoridades del gobierno de facto en las ciudades de Berisso, Ensenada y en la zona del Río Santiago, pretendiendo la eliminación del denominado 'oponente subversivo'", que, precisaron los fiscales, "eran aquellos trabajadores y trabajadoras con actividad gremial o militancia social en la zona”.

Persecución antes de la dictadura

Los investigadores descubrieron, además, que existió “un contexto de persecución contra los trabajadores previo a los militares”. En efecto, precisaron que la intervención de los marinos en el terrorismo de Estado estaba prevista en el denominado Plan de Capacidades C.O.N Nº 1 “S”/75, conocido como “Placintara”, dictado el 21 de noviembre de 1975, en el marco de las previsiones que había implementado el entonces flamante Consejo de Defensa, un organismo creado en los decretos de "aniquilamiento de la subversión" firmados durante el gobierno constitucional. 

El “Placintara” estableció que la Armada Argentina “debe operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de la propia jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras FF.AA, detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del estado”. 

Los fiscales remarcaron que, en ese contexto, luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 comenzaron a funcionar en su jurisdicción cuatro dependencias como centros clandestinos de detención: la ex base naval, la sede de la Prefectura, el BIN3 y el Hospital Naval Río Santiago. 

"Este esquema represivo operó fuertemente en los primeros meses de la dictadura cívico militar, y las víctimas que por allí pasaron permanecieron privadas ilegalmente de su libertad por periodos no muy prolongados", indicaron. En la presentación, los fiscales consideraron que las condiciones de detención en los centros clandestinos “configuran tormentos” y también fundaron el agravamiento de la privación ilegal de la libertad “en el análisis de género e interés superior del niño”, dado que las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales y algunos de los prisioneros eran menores de edad. La causa “Escuela Naval”, subrayó la investigación, consideró esas acciones como delitos de lesa humanidad y como crimen de genocidio.