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El Gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial un llamado a licitación para la compra de las llamadas “aulas modulares”, o “aulas container”. La contratación será por casi 27 millones de pesos y se realizará en plazos abreviados para poder cubrir el déficit de vacantes que se estima en 17 mil cupos. El Ejecutivo no difundió las condiciones de la compra, por lo que no se conocen las características de las aulas, los equipamientos, cuántas vacantes se prevé cubrir, ni si estarán afectadas a un nivel educativo en particular. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad ya prepara un pedido de informes.

Gustavo Lesbegueris, responsable del área de Educación de la Defensoría del Pueblo, confirmó a Infojus Noticias que siguen recibiendo denuncias de familias que se acercan a reclamar por una vacante. Ya son más de 550 los reclamos canalizados a través de la Defensoría –cuya titular es Alicia Pierini-. Los primeros 426 fueron incorporados en una resolución en la que el órgano de control constitucional le exigió una respuesta al gobierno de Mauricio Macri. Los nuevos 130 casos, junto a los que se siguen recibiendo, serán parte de una segunda resolución que será firmada en los próximos días.

“El reclamo principal pasa por la defensa del derecho a la educación de los chicos, que están quedando fuera del sistema”, sostuvo Lesbegueris. Y agregó: “el problema estaba acotado al nivel inicial y a partir de los gruesos errores que evidenció este sistema online, hoy también afectan el acceso al nivel primario y secundario”. Consultado por la decisión del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de comprar “aulas container”, Lesbegueris dijo que “no se conoce si tienen calefacción o aire acondicionado, ni si están dirigidas a un nivel educativo en particular, no se sabe cómo será la instalación ni dónde. Tampoco tenemos precisiones de si se piensa ampliar las instalaciones sanitarias y los salones de comedor en las escuelas donde se vayan a instalar esas aulas”, detalló.

“Contra la calidad educativa”

Más allá de lo que informe el Gobierno porteño, es esperable que la Defensoría no acompañe la decisión de instalar estas aulas. Dos precedentes así lo indican: en 2005, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, se implementaron como solución transitoria hasta que se completaran algunas obras. En ese entonces, la Defensoría criticó la medida. Ahora cuenta también con la opinión de las supervisoras del nivel inicial, que presentaron una nota ante el Ministerio de Educación de la Ciudad –cuyo titular es Esteban Bullrich-, y luego la acercaron a la Defensoría.

En la nota, a la que tuvo acceso Infojus Noticias, las supervisoras explican que “recurrir a las llamadas aulas móviles -medida totalmente arbitraria e inconsulta- atenta contra la calidad educativa y contra la dignidad de nuestros alumnos, sus familias y maestros; convirtiéndolos en ciudadanos con menos derechos, ya que un contenedor no es un ámbito propicio para realizar actividades escolares, y menos con niños pequeños”. Y agregan: “En definitiva, además de la falta de respeto a las familias, se ha cometido una gran falta de respeto hacia los responsables de las instituciones de gestión estatal. Enfatizamos que rechazamos la instalación de contenedores para nuestros alumnos”.

“Están tratando de paliar un desatino con otro desatino”, opinó Lesbegueris. “Van tratando de resolver sobre la marcha, y así generaron un problema donde no lo había”. En la Ciudad de Buenos Aires hay un déficit estructural de 4858 vacantes de nivel inicial, lo que comprende escuelas maternales y jardines de infantes. Pero el nivel primario y secundario no habían tenido problemas serios de vacantes hasta la implementación del sistema de inscripción online. Como reacción, la Defensoría del Pueblo reclamó que se inicien sumarios administrativos a los funcionarios que pusieron en marcha el nuevo sistema online “sin los recaudos necesarios”.