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El almirante retirado Jorge Godoy y Benito Rótolo, su segundo en la jefatura de la Armada hasta 2006, escucharon atentamente durante más de cuatro horas las pruebas presentadas contra ellos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La querella pidió para cada uno de ellos una condena a dos años de prisión por haber ordenado el espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar en Trelew (Chubut).

En el caso de Godoy pidieron que la condena sea de cumplimiento efectivo por la gravedad de los hechos. Y para Rótolo que si bien podrá tener la condena en suspenso, sea obligado a cursar “estudios sobre derechos humanos y constitucionales en una institución pública” y a realizar, durante cuatro años, una actividad no remunerada en una institución de bien público”, señalando que podría ser en una de las que fueron vigiladas ilegalmente.

“Es el máximo de la pena prevista en el Código Penal, en el momento de los hechos”, explicó Rodrigo Borda, el abogado del CELS que presentó las pruebas ante el juez a cargo del debate, Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 7. Y aclaró que “seguramente con el cambio legislativo actual”, en alusión a la recientemente sancionada nueva ley de Inteligencia, “estaríamos hablando de una pena de 10 años, que es el máximo previsto”.

Pidieron además que los documentos de Inteligencia secuestrados en la base, cuando se inició esta investigación se envíen a la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que puedan ser consultados "sobre todo por parte de quienes fueron víctimas”. Sin despegar la vista de la querella, Godoy siguió cada detalle de la acusación y tomó notas. A dos sillas de distancia, con los defensores sentados entre ellos, Rótolo hizo lo mismo. Ambos están acusados por los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

Inteligencia ilegal

Esta causa se inició en 2006, cuando el cabo Carlos Alegre envió un correo electrónico al CELS contando que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. El CELS y uno de los espiados, el abogado sureño Eduardo Hualpa, presentaron la denuncia penal. En ese momento, la justicia federal de Chubut dispuso un allanamiento en la Base. Allí se encontraron documentos, carpetas, órdenes y seguimientos que tuvieron como foco a las organizaciones sociales de Chubut, pero también a funcionarios locales, provinciales y nacionales como la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, entre otros.

En esta audiencia, el abogado que integra la querella junto a su colega Lucía de la Vega, hizo una pormenorizada descripción de esos registros: hay seguimientos a las organizaciones que cada 24 de marzo se convocaban para denunciar el golpe, de referentes locales de las comunidades galesas, bolivianas e irlando-escosesas o de ciudadanos iraníes “observados” por “no hacer nada”, como indica uno de los informes. En esos documentos, por ejemplo, la “propaganda” era definida como “cualquier argumento o noticia que agrupada pretende influir en la Armada”.

“Lejos estaban los imputados de querer corregir deficiencias en el sistema de inteligencia”, dijo Borda. Y recordó que dos años después de haber asumido la jefatura de la fuerza, en 2005, Godoy firmó el “Plan Básico de Inteligencia” y que, sin que llegara a entrar en vigencia trabajó en un nuevo Reglamento de Contrainteligencia para reemplazar el vigente desde 1975 (con la firma del represor Emilio Massera). Esto, según la querella, muestra que los imputados tenían injerencia en la organización del sistema de inteligencia de la Armada, siendo además documentos que avalaban las prácticas ilegales.

El plan de 2005, con la firma de Godoy, estableció como pauta la  producción de inteligencia sobre "amenazas asimétricas" provenientes del “narcotráfico, terrorismo internacional, crimen organizado, contrabando de armas, deterioro del medio ambiente, migraciones y cualquier otra que como tal se manifieste”, cuya inteligencia explicó la querella está vedada a las Fuerzas Armadas. Y se convirtió en la puerta de entrada para que la Armada estableciera sistemas de vigilancia sobre la comunidad islámica chubutense, grupos piqueteros y activistas indígenas, expresamente prohibidas.

Las órdenes

En la primera parte de su alegato, Borda se ocupó de mostrar cómo circulaban las decisiones. Dijo que los imputados están acusados por las por las tareas ilegales de inteligencia que habrían ordenado o “bien omitieron –intencionalmente-- hacerlas cesar” y que, las pruebas y los testimonios colectados durante el juicio demuestran que las prácticas de espionaje eran habituales, generalizadas y sistemáticas por parte de la Armada” y que circulaban “vertical y horizontalmente”, producida por órdenes y para las decisiones que debieran tomar los jefes.

En la documentación constaba que muchos de estos mensajes hallados en la Sección de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval N° 3 habían sido enviados o pedidos por la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y el Comando de Operaciones Navales (COOP), áreas que dependen orgánica y directamente de Godoy y Rótolo, jefe y subjefe Estado Mayor General de la Armada (SJEM) respectivamente.

En 2006, después de los allanamientos en la base militar Almirante Zar, las órdenes y documentos secuestrados daban cuenta de esa circulación. Por ejemplo, entre la documentación  constan pedidos desde la DIIA a las diversas áreas, bases u oficinas de inteligencia que la Armada tiene en el país sobre las  marchas y actividades vinculadas con el 24 de marzo, en relación al repudio al golpe de Estado de 1976. Lo mismo con respecto a la indicación de incinerar documentación, así como el pedido de hacer las síntesis de prensa local o la indicación de seguir a un determinado grupo; o una nota dirigida a las autoridades de la Armada, donde le transmiten información recolectada por el “corresponsal naval infiltrado” (como periodista) en el diario Chubut, que vincula al medio como afín al radicalismo.

“Lo que pretenden presentar como un descargo, que en los allanamientos hechos en otras sedes no se encontró documentación de este tipo no se sostiene”, dijo Borda a Infojus Noticias. “Que pusieran fajas de clausura (en todas las secretarias y direcciones de Inteligencia) y que “crearan una Comisión para investigar internamente, con las mismas personas que después fueron condenadas por estos hechos o terminaron siendo investigadas por delitos de lesa humanidad, habla de que en realidad actuaron para su “propio encubrimiento”.

En 2012, trece marinos, subordinados de Rótolo y Godoy, fueron condenados por “recopilar, analizar, procesar y distribuir información” sobre personas y organizaciones “en forma sistemática y habitual”. Ellos señalaron que lo hicieron cumpliendo órdenes. “Más allá de que no avalamos que se excusen en la obediencia debida, está claro que recibieron la indicación sobre cómo hacer estas tareas ilegales”, dijo Borda.