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El gobierno de Estados Unidos volvió a presentar un “amicus curiae” en favor de la Argentina en el litigio que mantiene contra los fondos buitre ante el máximo tribunal de ese país. La Corte Suprema aún debe decidir si aceptará la apelación argentina al fallo que obliga a pagar 1330 millones de dólares al contado y en efectivo a los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda.

En el escrito presentado por el gobierno de Barack Obama, el Poder Ejecutivo afirma tener “un interés sustancial en la correcta interpretación y aplicación” de la ley de Inmunidad Soberana y en el tratamiento que reciben los Estados extranjeros ante las cortes de ese país. La norma local restringe la competencia de los magistrados para juzgar a otros Estados soberanos o actuar sobre sus bienes, pero aun así el juez Thomas Griesa y la Cámara de Apelaciones condenaron a la Argentina.

El escrito se presentó en la causa en la que se debate la legalidad y legitimidad del “Discovery Mundial”, el pedido de los fondos buitre a la justicia estadounidense para conocer todas las cuentas y bienes del Estado argentino en el exterior. Esa información les permitiría trabar embargos como el que impulsaron en Ghana contra la Fragata Libertad en octubre de 2012, aunque finalmente los tribunales puedan reconocer la impugnación de esa medida y liberar los bienes retenidos.

El respaldo estadounidense también se extiende a los planteos que el Estado interpuso en la apelación: la cláusula “pari passu”. Argentina sostiene que un fallo en favor de los fondos buitre violaría las condiciones de los canjes de 2005 y 2010, a los que ingresaron bonistas por el 93 por ciento de la deuda total en default. La amplia mayoría de los bonistas aceptaron una quita sustancial del monto adeudado por capital e intereses, menores tasas y nuevas fechas de pago.

Si Argentina pagase lo que reclaman a los fondos buitre –la totalidad de la deuda original en valores nominales– violaría el compromiso que asumió con los bonistas que se sometieron a la reestructuración de la deuda: no se puede ofrecer mejores condiciones a otros bonistas. Los fallos de Griesa y la Cámara de Apelaciones obligan a la Argentina a violar ese compromiso y ponen el riesgo los pagos a los bonistas que canjearon sus títulos.

La administración Obama señaló que las cortes inferiores “rechazaron la posición de los Estados Unidos como amigo de la Corte, de que la reestructuración consensual es el medio apropiado para resolver la crisis de deuda soberana”. El gobierno estadounidense presentó otros “amicus curiae” en instancias anteriores a la del máximo tribunal y sostuvo la misma posición.

El escrito –de 69 páginas en total– lleva la firma del fiscal General del Estado, Donald Verrilli. El abogado ya había expresado la opinión del Ejecutivo ante la Corte Suprema en diciembre, a pedido de los jueces del máximo tribunal. “Erróneo” fue el calificativo que aplicó al aval de la justicia a la demanda de los fondos NML Capital, Elliot Management y Aurelius, entre otros. Ahora, el fiscal resaltó “el interés sustancial” de su país “en la correcta interpretación y aplicación de las provisiones” de la Ley de Inmunidad Soberana.

Sostuvo que “invadiría sustancialmente la soberanía de un Estado extranjero en un área especialmente sensible”, y sería “inconsistente” con los principios y propósitos que señala la ley. Advirtió también que permitir el acceso de los fondos a la información de los bienes de los Estados soberanos, “podría llevar a un tratamiento recíproco adverso para los Estados Unidos en tribunales extranjeros” y “amenazaría con hacer daño a las relaciones exteriores en forma general”.