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En lo que va del año el Consejo de la Magistratura elevó una sola terna al Poder Ejecutivo para cubrir una vacante en un juzgado. Se trata del concurso 262, destinado a nombrar a un juez federal de primera instancia en Moreno, provincia Buenos Aires. Ese único trío propuesto por los consejeros en los últimos 5 meses es una muestra de las falencias estructurales del organismo y de la parálisis en la que se encuentra desde que la Presidenta anunció en marzo la necesidad de reformar la justicia.

Hoy, el Consejo de la Magistratura tiene 39 concursos en trámite destinados a cubrir 79 vacantes.  Según dicen en off algunos consejeros, es muy difícil que alguno de los concursos se resuelva antes de que el consejo sume a los 6 nuevos integrantes que resulten electos en las próximas elecciones. “Puede haber reuniones de comisión, pero es casi imposible que haya un plenario”, dijo a Infojus un consejero que no forma parte del estamento legislativo. Sin plenario, no hay terna aprobada para enviar al Ejecutivo y el concurso queda empantanado.

La elección de un juez tiene varias etapas. En primer lugar, una vez producida una vacante, el encargado de llamar a concurso es el Consejo de la Magistratura. Los postulantes realizan el examen escrito, el oral y la entrevista personal. La Comisión de Selección de Magistrados, integrada por ocho consejeros, es la encargada de llevar adelante el concurso y de definir el orden de mérito de los postulantes a partir de los puntajes que van sacando en cada una de las etapas.

La Comisión elabora una terna con los postulantes más destacados, y con mejor puntaje, que remite al Plenario del Consejo. Allí, la totalidad de los consejeros, hoy en día 13 miembros, aprueba con el voto de los dos tercios de los integrantes la terna que luego gira al Poder Ejecutivo.

En una segunda etapa, el  Poder Ejecutivo debe elegir entre alguno de los postulantes al que considera el más apto para el cargo en juego. Luego envía a Senado de la Nación el  pliego del candidato designado.

En la Cámara alto se inicia la etapa final. El Senado debe prestar acuerdo, o no, a la postulación del futuro juez. Si se aprueba el pliego del candidato, mediante una votación en el recinto, el Poder Ejecutivo  debe nombrarlo con un decreto firmado por la presidenta de la Nación que se publica en el Boletín Oficial. Y ahí sí, “habemus juez”.

El camino puede volverse farragoso en cualquiera de sus etapas, aunque es en el Consejo de la Magistratura donde suele empantanarse el trámite para cubrir el juzgado vacante. Los números lo demuestran: entre enero de 2010 y mayo de 2013 el Consejo giró 29 ternas al Ejecutivo (22 en 2010, 3 en 2011, 3 en 2012 y 1 sola en 2013).

Sin ternas, sin nombramientos, sucede lo que, por ejemplo, ocurre en la justicia federal de Mendoza. La provincia cuenta con una Cámara integrada totalmente por jueces no designados o subrogantes. La Cámara Federal mendocina es la segunda instancia de los juzgados federales de Mendoza,  San Rafael, San Juan y San Luis, es decir, nada menos que tres provincias.

En Mendoza las vacantes pendientes se produjeron por dos razones: renuncias de magistrados por jubilación y por la destitución en 2011 de  Otilio Romano por mal desempeño en sus funciones durante la última dictadura cívico-militar. Mendoza es la muestra de un tribunal sin “legitimación real” ya que sus integrantes son todos jueces subrogantes.

El concurso número 276 es el que se encuentra destinado a cubrir gran parte de las vacantes existentes en Mendoza, 4 en total. Desde el 2010, momento en que se produjo la primera renuncia que generó un concurso, el tema descansa en los escritorios del Consejo de la Magistratura. El concurso recién fue convocado en agosto del 2012, y tras los exámenes escritos, en noviembre, el jurado presentó el informe de las calificaciones. Y en lo que va de 2013 no hubo ningún avance.