Infojus Noticias

Carlos Martín Pereyra González era secretario de un juzgado de San Luis cuando presenció los últimos minutos de vida de la militante peronista Graciela Fiochetti. Fue en la comisaría de la capital provincial, a mediados de septiembre de 1976. La joven de 19 años tenía el rostro desfigurado por los golpes. Días después, su cuerpo apareció quemado y con las manos amputadas en las salinas de Bebedero, a pocos kilómetros. Con los años, Pereyra González ascendió en su carrera judicial hasta camarista federal de Mendoza. En 2009, un testigo lo involucró en el caso de Fiochetti y el juez renunció a su cargo. Estuvo prófugo y cuando se entregó a la Justicia, quedó unos meses con prisión preventiva. A mediados de 2011, un fallo de primera instancia se la revocó. Hace unos días, la Cámara Federal de Casación Penal anuló aquel fallo a su favor y ordenó que vuelva a prisión.

El silencio cómplice del Poder Judicial

Un día antes de Nochebuena, los camaristas de la Sala II de Casación, Ángela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar votaron respecto del recurso interpuesto por el fiscal general Dante Vega. El fallo – al que accedió Infojus Noticias- dice que "el plan sistemático de represión contó con un aporte jurisdiccional que garantizó no solo la impunidad de los ejecutores del plan (al no perseguir penalmente a sus autores y partícipes), sino también su clandestinidad pues el silencio cómplice del Poder Judicial impidió que la población civil tomara conocimiento de los secuestros, las torturas y las desapariciones que ocurrían en el país”.

De los tres camaristas, Ledesma votó en disidencia pero no por estar en contra de la decisión de sus pares, sino porque estimó que en este tipo de causas no debería intervenir esa Cámara. Sin embargo, Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH), encontró allí parte del valor del fallo. “Consideramos muy valioso este fallo, porque Casación se hizo cargo. Y de alguna manera sienta jurisprudencia para otros exjueces que fueron cómplices y que están en su situación procesal”, le dijo a Infojus Noticias.

El letrado se refería a los jueces Luis Miret y Otilio Romano, juzgados desde febrero en la megacausa Mendoza, junto a otra veintena de exmilitares por delitos de lesa humanidad. Tanto Miret como Romano llegaron a ser camaristas federales y tenían una alta influencia en el Poder Judicial provincial. Cuando aparecieron los primeros testimonios que los mencionaban como cómplices del aparato represivo, fueron desplazados de sus cargos. Romano, además, estuvo un año prófugo.

En el fallo de Casación, los camaristas dispusieron el “apartamiento de los jueces” que habían revocado la prisión preventiva. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza tendrá que designar nuevos magistrados en su reemplazo.

El testimonio que involucró al juez

En 2009, un hombre que había estado secuestrado y desaparecido declaró en la instrucción del que sería el primer juicio de lesa humanidad en Cuyo. Contó que en septiembre de 1976, Pereyra González había estado en la comisaría de San Luis como secretario federal junto con el juez Eduardo Allende. Habían visto a Fiochetti y a otros militantes torturados. No habían hecho nada para terminar con esa situación. Por ese entonces, el fiscal general de San Luis era Hipólito Saá. Hoy los tres están procesados por 24 casos de privación ilegítima y desapariciones. Serán juzgados en el próximo juicio de lesa de Mendoza.