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La investigación por supuesto lavado de dinero quedará por el momento enfocada en el empresario Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, y en lo inmediato no habrá indagatorias. El juez federal Sebastián Casanello resolvió avanzar sobre las medidas de prueba que le pidió el fiscal suplente Ramiro González: allanamientos, solicitudes de informes a organismos oficiales y recolección de filmaciones en la zona del edificio Madero Center, donde funcionaba la financiera SGI, de Elaskar.

En el Madero Center una consigna policial continuaba en la puerta de la oficina del financista por cuarto día consecutivo. Desde la semana pasada, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) retiraba pilas de documentos, discos rígidos de computadora y archivos de las cámaras de seguridad del edificio y de SGI. Casanello recibió hoy las filmaciones de los domos de la Prefectura Naval Argentina de las inmediaciones del edificio.

Para el magistrado será difícil abstraerse del escándalo mediático en torno del caso. Casanello asumió en octubre al frente del juzgado federal 7 -vacante desde hacía años y que hasta entonces subrogaba Norberto Oyarbide- y la de lavado de dinero es la primera causa con impacto en la opinión pública que llega a sus manos desde el arranque.

Reconocido como un estudioso de los expedientes y de fuerte impronta académica, desde que quedó a cargo de la causa Casanello advirtió que no caerá en la tentación de promover medidas estruendosas sino que buscará ceñirse a los códigos de procedimiento penales. Es decir que más allá de las confesiones en cámaras ocultas o en entrevistas televisivas, el juez concentrará primero en encontrar un eventual delito antes de promover llamados a indagatoria.

El fiscal González, que interviene en el sumario por ausencia de su colega Guillermo Marijuan (volverá esta semana de una licencia) le había pedido a Casanello indagar a los dos principales sospechosos. En su requerimiento de instrucción, que trabajó junto al personal de Marijuan y de la procuración especial para casos de lavado -la reciente Procelac- González les imputó a ambos supuestas maniobras de lavado de dinero sobre la base de media docena de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que recibió de la Unidad de Información Financiera (UIF). El fiscal salió a desmentir versiones según las cuales habría evitado imputar al empresario Lázaro Báez en su requerimiento.

El juez eligió esperar antes de llamar a indagatorias porque entiende que de ese modo podría ensuciar de manera prematura la causa: la indagatoria, de acuerdo a la legislación argentina, es una instancia de defensa de un imputado. Y Casanello todavía no tiene establecido de manera firme que hubiese un delito por investigar.

El fiscal Marijuan volverá esta semana de su licencia y tendrá la oportunidad de ampliar el requerimiento de instrucción que presentó su colega González. Incluso, de pedir la indagatoria de Báez, si tuviese sospechas suficientes de la presunta participación del empresario en las maniobras investigadas.