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Unos 80 fiscales y funcionarios judiciales manifestaron su apoyo a las designaciones que realizó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para cubrir una serie de puestos creados a partir del nuevo Código Procesal Penal. En un comunicado, calificaron las críticas contra la procuradora como “una campaña de criminalización” que “revelan la indolencia de quienes optan por defender espacios de poder individual en lugar de brindar respuestas a la población”.

Los fiscales y funcionarios judiciales señalaron que la decisión de Gils Carbó “cumple la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”. La solicitada, publicada en los principales diarios nacionales, apunta a “responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares de algunos de sus miembros”.

“Esas expresiones se suman a la campaña de criminalización de la gestión del Ministerio Público mediante el impulso de denuncias penales y constituyen una resistencia de ciertos sectores de la administración de justicia a la adopción de un sistema acusatorio, en el cual la transparencia, la oralidad, la celeridad, el compromiso, la creatividad, el liderazgo y la responsabilidad social son los valores directrices de una modera forma de persecución penal”, añaden los fiscales.

“En el marco de este modelo –que impera en el resto del continente-, las fiscalías actúan de la mano de las víctimas y los testigos, con una participación y control ciudadanos que resultan incompatibles con la defensa de núcleos de poder funcionales a la cooptación y a los procesos oscuros y aletargados que terminan garantizando impunidad”. También subrayan que “desde el inicio de actual gestión, encabezada por al procuradora general Alejandra Gils Carbó, se han creado equipos especializados para los temas más sensibles de persecución penal, cuyos resultados hoy están a la vista de toda la sociedad”.

En cuando a la designación de fiscales subrogantes, los funcionarios judiciales que adhieren a la nota pública indican que esa disposición “cumple -como siempre ha sido desde el retorno de la democracia- la exigencia de cubrir vacantes para impulsar la acción pública ante la comisión de delitos, con el fin de acusar a los responsables en nombre de toda la sociedad”.

Entre los 80 representantes de la justicia que firman la solicitada se encuentran los fiscales Daniel Adler, Dante Vega, Jorge Auat, Pablo Parenti, Abel Córdoba, Cristina Caamaño, Guillermina García Jardín y Adrián García Lois. “El resultado de la ausencia de las designaciones sería la impunidad, porque sólo los fiscales pueden instar los procesos penales”, precisaron.

El colectivo judicial fundamentó su postura al señalar: “nos proponemos responder a las expresiones que se han hecho públicas recientemente a través de distintos comunicados difundidos por grupos que se arrogan una representación plural, cuando sólo enuncian intereses particulares”.

Por último, el texto añade que en ese sistema de administración de justicia “las fiscalías actúan de la mano de las víctimas y los testigos con una participación y control ciudadanos que resultan incompatibles con la defensa de núcleos de poder funcionales a la cooptación y a los procesos oscuros y aletargados que terminan garantizando impunidad”.