Infojus Noticias

El subsecretario del Tesoro estadounidense, Mark Sobel, se refirió a una eventual sentencia en el litigio que los fondos buitre mantienen contra la Argentina en los tribunales de su país. Advirtió que un fallo contrario a la posición argentina “podría alterar el orden” y la “previsibilidad de los procesos de reestructuración de deuda soberana”. El abogado manifestó su “preocupación” por los fallos Thomas Griesa y la Corte de Distrito, que dieron la razón a esos fondos.

En su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, retomó la posición de Sobel. El funcionario sostuvo que “es una visión muy importante que valora no solamente que el proceso es un paso que viene de largo tiempo, sino que además tiene implicancias globales”. Capitanich subrayó que "Sobel también dejó en claro que las consecuencias son incluso importantes para Nueva York en el sector financiero".

El funcionario estadounidense destacó que la “interpretación” de la cláusula “pari passu” de los contratos de emisión de bonos que surgieron de los canjes es muy importante “para el rol de Nueva York como centro financiero”. Si los tribunales estadounidenses dieran la razón a los fondos buitre, y frustraran los procesos de reestructuración de deuda, difícilmente otros países quieran continuar emitiendo bonos bajo la ley y la jurisdicción neoyorquina.

Sobel es candidato del Departamento del Tesoro para director ejecutivo por los Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo financiero se mostró a favor de la posición argentina en tramos anteriores del juicio, mediante la presentación de amicus curiae en el expediente que tramitó ante Griesa en primera instancia. También hubo presentaciones similares de parte del gobierno de Estados Unidos y de Francia, entre otros, junto a fondos inversores que accedieron a los canjes y se verían perjudicados por un fallo favorable a los especuladores.

La cláusula “pari passu”

El conflicto judicial gira en torno a la cláusula “pari passu”, que establece igualdad de trato para los acreedores, e impide que se realicen pagos de los bonos defaulteados en 2002 si no se realizan bajo las condiciones de los canjes de deuda impulsados en 2005 y 2010 por el Estado argentino. Cualquier pago que no se atenga a la quita de capital e intereses acordada en los canjes, violaría la cláusula “pari passu” a la que Argentina se comprometió frente a los bonistas que accedieron a cambiar los bonos en default por otros emitidos durante la reestructuración.

Si un juez obligara a la Argentina a pagar a los holdouts bajo las condiciones que exigen, desconocería la cesación de pagos declarada en 2002 por el Estado argentino, y daría la espalda a los bonistas que ingresaron a los canjes. Un pago de esas características violaría el acuerdo con los acreedores, que podrían exigir judicialmente las mismas condiciones que las reconocidas a los fondos buitre y harían fracasar el proceso de reestructuración.

El 93 por ciento de los acreedores con bonos en default accedieron a los canjes de 2005 y 2010 y dieron lugar a una reestructuración histórica, tanto por los niveles de adhesión como por las condiciones que obtuvo el Estado para cumplir sus obligaciones, muy ventajosas en comparación con la situación de la que se partía. Desde ese entonces, la proporción entre la deuda y el PBI generado por el país continúa reduciéndose año a año.