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El conflicto por el canje de la deuda externa argentina tiene más de diez años. El Estado nacional enfrenta la demanda de los fondos buitre que no ingresaron al canje de la deuda y eligieron el camino de la judicialización, entre ellos el Grupo NML que pertenece al especulador estadounidense Paul Singer. Estos fondos reclaman el pago en efectivo de 1300 millones de dólares.

En octubre de 2012 un tribunal de apelaciones ratificó la decisión del juez Thomas Griesa que obliga al Estado argentino a pagar a los que eligieron no entrar en los canjes de 2005 y 2010 y recurrieron a la justicia. El fallo aplicó el criterio de pari passu o garantía de igual trato para todos los acreedores. Y estableció que cuando Argentina pague a los tenedores de bonos reestructurados también debe pagar a los que fueron por la vía judicial.

Ayer la Argentina presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos la primera apelación al pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que había avalado la definición de Griesa de que el país violó el tratamiento igualitario. Esta decisión del juez mantiene en suspenso una definición sobre el método de pago para dicho incumplimiento. Griesa consideró que Argentina debe abonar a los fondos buitre el cien por ciento a costa de los fondos destinados a los pagos de los bonistas que ingresaron a los canjes en el 2005 y 2010.

La posición argentina es defender la reestructuración de la deuda que fue aceptada por el 93% de los acreedores del default del 2001 y evitar pagar más a los fondos buitre (casi la totalidad del 7% que quedó fuera del canje) que a los demás.

En el litigio el Estado nacional sostiene que no puede darles a los fondos buitre un tratamiento más favorable que a los acreedores que reestructuraron la deuda y ofreció a los litigantes las mismas condiciones del segundo canje realizado en 2010.

Ayer a la noche el Ministerio de Economía informo que se presentó el "primer recurso contra la sentencia dictada el pasado 26 de octubre de 2012 (por el tribunal), cuando aún se aguarda un fallo definitivo". De esta manera,  "la Argentina sigue maximizando los recursos legales que le han permitido rechazar los intentos de los buitres de cobrar por un lado, y por el otro seguir cumpliendo con los pagos comprometidos por los canjes de 2005 y 2010", dijeron fuentes del Ministerio de Economía a la agencia Télam.

Para la Argentina, la decisión de la Cámara "justifica ser revisada porque representa una intromisión sin precedente dentro de las actividades de un Estado extranjero dentro de su propio territorio que hace que surjan preocupaciones sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos", sostiene el escrito presentado por el gobierno nacional.

En otro tramo del escrito, Argentina sostiene que “es difícil concebir una cuestión que irrite más a un Estado extranjero y a la comunidad internacional que la orden de una Corte de una Nación a otra Nación sobre asuntos que van al núcleo de la definición de soberanía”.

En el escrito presentado ayer se afirma: "Si una Corte viola la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), al ejecutar reclamos monetarios contra un país mediante el otorgamiento de órdenes que restringen el uso de sus activos ubicados no sólo en EEUU, sino también fuera de su territorio, (esto) supone ir más allá del ámbito de ejecución que prevé la Ley".

Y sostiene que "si una Corte Federal puede emitir medidas cautelares con anterioridad a la sentencia, forzando a un país a pagar un reclamo puramente monetario, va así en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a que los remedios equitativos tradicionales no incluyen órdenes diseñadas para forzar pagos acordados contractualmente o el cumplimiento específico de obligaciones monetarias".

Fuentes del ministerio de Economía dijeron a Télam que de acuerdo a la estrategia oficial la Argentina "recurrirá a todas las instancias" para a defender la posición oficial.