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Los representantes de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) rechazaron hoy el fallo del juez federal de Nueva York Thomas Griesa que obliga a la Argentina a pagar lo que reclaman los fondos buitre, y dejaron en claro su apoyo a la gestión del gobierno nacional para alcanzar un acuerdo equilibrado.

Fue durante la Cuarta Reunión del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas y la Segunda Reunión del Consejo de Ministros de Unasur, que se llevó a cabo en el Palacio San Martín.

Allí, el canciller Héctor Timerman subrayó que "estas dos instancias tienen una enorme importancia en la unidad regional que se busca a nivel político, económico y social", y estimó que "la Unasur es una de esas instancias que vienen a suplir las falencias que tienen los organismos internacionales, como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo".

"Puede verse en la imposibilidad de estos organismos de tener en cuenta una situación como la que está atravesando Argentina en su intención de resolver el problema de la deuda como se viene haciendo desde 2005, con dos canjes que tuvieron una aceptación de más de 92 por ciento de los acreedores", remarcó Timerman.

Señaló que "sin embargo, un grupo de especuladores internacionales impiden la finalización de esta situación", y subrayó que "hoy es la Argentina pero mañana puede ser cualquier otro país que tenga que atravesar el mismo camino".

Por su parte, el secretario adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Antonio Prado, alertó que "se ha generado una grave situación derivada de una serie incomprensible de resoluciones judiciales de las cortes estadounidenses".

Prado puntualizó que "la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó tratar la contienda de Argentina y una parte minoritaria de los holdout, conocida como fondos buitre".

Evaluó que "dicha decisión no solo dificulta que Argentina siga con el pago de su deuda reestructurada, sino que atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional en tanto constituye un precedente que puede obstaculizar otros procesos de reestructuración de deuda soberana en el futuro".

Así consideró que "surge la necesidad de establecer un mecanismo a nivel internacional que permita resolver los conflictos de interés suscitados por default soberanos".

Afirmó que "lo de Argentina es un caso testigo para la comunidad internacional" porque -remarcó- se "pone de manifiesto un vacío legal que tendrá que dar lugar a una reforma en la normativa internacional que permita preservar el bien común de las ganancias extraordinarias de las minorías"