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Llegan siempre convocados por los familiares de las víctimas. Sin ellos sería imposible porque van a auditar el trabajo de los Estados para intentar darle una respuesta a las víctimas que siguen vivas. Van a encontrar ese cuerpo que necesitan los familiares para poder despedir a sus muertos. La primera vez que pisaron México fue para hacer prácticamente lo mismo que habían hecho en su país de origen: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue a identificar los cuerpos de los desaparecidos durante la “guerra sucia” de Atoyac de Alvarez, en Guerrero, cerca del Pacífico. Pero la vez siguiente, la siguiente y la siguiente, y la última, cuando confirmaron que los cuerpos encontrados en una fosa clandestina eran de los trece jóvenes secuestrados del bar Heaven, en pleno México DF, fueron a buscar los restos de los migrantes mexicanos y centroamericanos.

“Los familiares nos esperan con mucho cariño. Son los únicos que nos esperan así”, dice Sofia Egana, y contiene la sonrisa pero no puede con ella y se le suelta una risita corta. “Sin ellos no sería posible. Vamos porque nos llaman y creemos que podemos aportar algo”, agrega. Es una de las integrantes del Equipo, que llegó a México por las denuncias de los familiares de las masacres iniciadas a mitad de los sesenta, cuando el Estado mexicano profundizó la política represiva sobre los grupos opositores y la población en general. En esa arremetida -más cerrada en el estado de Guerrero- dejaron más de 500 desaparecidos. Entre ellos estaba Rosendo Radilla Pacheco, campesino, “luchón” como lo definió su hija Tita, y compositor de corridos que hablaban sobre lo que le ocurría a otros campesinos como él.

Tita Radilla Martínez fue una de las que más peleó por la llegada de los antropólogos forenses. “Su papel fue muy importante”, dice Egana. Ese caso valió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2009 estableció que el Estado mexicano fue responsable de “la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida” de Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974. Además, le ordenó continuar su búsqueda y estableció indemnizaciones reparatorias.

Los volvieron a llamar por los casos de femicidio en la zona conocida como campo algodonero, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos. Ahí, en esa ciudad desértica, donde la temperatura tiene una amplitud brutal y los migrantes pagan por cruzar el Río Bravo y entrar en esa “tierra prometida”, crecieron las maquilas de todo tipo. Del lado estadounidense se montaron las fábricas que envían partes a México y reciben productos terminados con salarios mucho más bajos que los que pagarían al norte del Río Bravo.

“Esa vez no sabíamos qué podíamos aportar. Había ido el FBI y no había tenido éxito. Eran cientos de mujeres muertas, esqueletizadas rápidamente por ese clima desértico. Nosotros abordamos el tema con otro enfoque: hicimos investigaciones preliminares, vimos expedientes, levantamos datos, entrevistamos familiares y testigos. Encontramos falencias metodológicas y técnicas”, cuenta Egana, que vivió cinco años en Ciudad Juárez, donde se acostumbró a escuchar disparos y a ver la violencia de cerca. Según el Observatorio de Seguridad y Convivencia del municipio, entre 2009 y 2010 hubo más 200 homicidios por año por cada cien mil habitantes. En los últimos años, la tasa no bajó de cien. Entre otros problemas vieron procedimientos mal aplicados que arrojaron resultados equivocados: diagnosticaron mal las edades de los cuerpos.

Pero la clave, tal vez, estuvo en que los antropólogos forenses investigaron las muertes como un caso masivo y no individual. Eso les permitió comparar todos los resultados obtenidos de los cuerpos con todos los otros surgidos de las listas de familiares que buscaban a mujeres desaparecidas. Hicieron dos campañas de exhumaciones de cuerpos y levantaron más de cien. Testearon 76 familias que sumaron 200 muestras de ADN entre 2005 y 2008. Ese trabajo, del que participaron quince miembros del Equipo, les permitió identificar 33 casos. Muchos de ellos fueron reidentificaciones que se habían hecho mal. “Algunas de ellas se habían hecho en 48 horas”, explicó.

“Hasta ese momento hablaban de violencia de género y en un descampado de menos de 400 metros cuadrados aparecieron ocho mujeres muertas, por ejemplo. No es posible que ocho novios se pongan de acuerdo para arrojar los cuerpos en el mismo lugar”, subraya.

Ese proyecto de búsqueda terminó y quedaron 50 mujeres sin identificar. Ahí empezaron a pensar que, tal vez, las mujeres no fueran de allí y así nació el Proyecto Frontera. Paralelamente se habían dado cuenta que en la morgue del condado Pima -la que se encarga de los muertos en el desierto de Arizona- había 700 cuerpos sin identificar. “En ese desierto es dónde se mueren los migrantes con perfil definido: entre sus efectos personales llevan papelitos con nombres y números de teléfonos que son sus contactos para atravesar la frontera y su causa de muerte suele ser la hipotermia o la hipertermia”, explica Egana.

Sobre esas dos situaciones, los cuerpos de mujeres sin identificar y los cuerpos en Pima, es que armaron el nuevo proyecto que consiste en crear “bancos forenses”. Se integraron con un directorio conformado por representantes de los familiares, del EAAF, del Estado y de otras organizaciones. En esos bancos se reúnen muestras genéticas: Honduras, El Salvador, Chipas, Guatemala y México. Esa información se envía a Bode Tecnologi Group, un laboratorio en Estados Unidos que coteja los datos.

Las últimas convocatorias para identificar cuerpos y poder entregárselos a sus familiares fue con las matanzas de los carteles mexicanos en Tamaulipas, donde se identificaron los restos de más de 70 migrantes, y Heaven, un secuestro a plena luz del día en la zona Rosa del DF Mexicano que terminó con los trece jóvenes enterrados en una fosa clandestina en Tlalmanalco, en el municipio de México, que fue descubierta en agosto del año pasado. Fue una operación a mediodía, en un barrio que es como el Palermo porteño, que incluyó varias camionetas y a una decena de hombres que se llevaron a las víctimas del lugar.

Fue un operativo comando como cualquier otro que podría realizarse en el interior mexicano pero fue en el corazón del país. Eso fue lo que cambió el peso del crimen, que le adjudicaron al cartel de Los Zetas. Se conformó con los hombres que había entrenado Estados Unidos para combatir al narcotráfico y también la guerrilla zapatista. Ese grupo entendió que el negocio no sólo estaba en el narcotráfico, sino en el control del territorio y de todo lo que sucede allí. Parte de eso es secuestrar a los migrantes, exigirles un rescate a sus familias y, luego de cobrarlo, pasarlos clandestinamente a Estados Unidos pero convertidos en mulas de pequeños cargamentos de droga.

Las víctimas que encontraron volvieron a ser similares a las que habían identificado en Juárez: pobres y a la búsqueda de un futuro más próspero.

“Trabajamos en todos los casos de la misma forma: identificamos los restos, que suelen ser de migrantes, de pobres, de pueblos pequeños en centroamérica a los que el acceso a la Justicia y a los derechos se les hace muy complejo. Siempre que evaluamos un trabajo pensamos en la seguridad de los familiares y de los testigos, que son los que quedan allí. Nosotros tenemos un pasaporte y otro lugar donde vivimos. Nos tomamos un avión y nos vamos”, dice Egana.