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El juez Luis Arias, suspendió la aplicación de una resolución del ministerio de seguridad bonaerense que permitía alojar personas en comisarías. Y dispuso además, que los jueces a cargo de los detenidos que  están en las comisarías resuelvan su situación. La medida dispuesta por el ministro Alejandro Granados había dado marcha atrás con la decisión del gobierno provincial de inhabilitar definitivamente los calabozos de las comisarías.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) presentaron una denuncia, pidiendo que se anule la resolución firmada por el ministro Alejandro Granados.  Para el juez la medida “resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado” y que desde la declaración de la “emergencia de seguridad” la situación se agravó.

El juez señaló que “los relevamientos efectuados por los peritos como los informes producidos por las autoridades se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”.

La norma  que el ministro Granados firmó en mayo de este año contradice lo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky H. s/habeas corpus” que exigió la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. El Relator para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había recomendado en 2010 el cese del uso de calabozos en la Provincia de Buenos Aires.

En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33.166. El 60% de estas personas no tiene condena judicial. La decisión del juez Arias ratifica las advertencias que se habían realizado sobre que el aumento de las detenciones en la provincia de Buenos Aires iba a conducir al colapso del sistema penitenciario bonaerense. Las personas privadas de su libertad sufren las violaciones de sus derechos por el hacinamiento, la tortura y otras formas de violencia institucional.