Gobierno porteño: vecinos de La Boca reclaman derecho a la vivienda
Se fijó una nueva audiencia para determinar la situación de desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad en un conventillo de La Boca donde viven 16 familias. El caso se suma otros 17 espacios habitados con orden de desalojo para explotar comercialmente.
El viernes pasado se definió en el Juzgado Nacional N°1, a cargo de Gustavo Caramelo, un nuevo plazo para que el Gobierno de la Ciudad brinde una solución a las 16 familias que viven en un conventillo de La Boca. El caso se suma a la lista de casi veinte espacios habitados con orden de desalojo que planean rediseñar y explotar comercialmente. La propiedad ubicada en la calle Ministro Brin, fue comprada en un remate y las familias que la habitan pidieron ayuda a la Comisión Nacional de Tierras, ya que no tienen recursos para sustentar su vivienda en otro terreno.
“El juez Caramelo citó a todas las partes para determinar una alternativa en la que las familias no queden desamparadas, ya que si bien existe un propietario que compró la propiedad en un remate, dejar a las personas en la calle es violar el derecho constitucional a una vivienda”, dijo a Infojus Noticias Ricardo Sasson, abogado de la Comisión Nacional de Tierras.
Pero este caso no es aislado. El pasado 28 de septiembre, los vecinos de 17 conventillos en una situación similar a la de Ministro Brin organizaron el festival “No a los desalojos”, para reclamar por el patrimonio del barrio y el derecho a la vivienda.
“Hay un proceso sistemático en el cual personas compran terrenos baratos y luego presentan órdenes para exigir su propiedad, sin tener en cuenta aquellos que vivimos en esos conventillos hace más de treinta años”, dijo Antonio Yagaimini, habitante de uno de los terrenos que planean desalojarse.
Según Sasson, “un terreno que va a remate es mucho más barato de comprar que mediante una venta tradicional, y si a eso le sumás que el lugar está habitado, más barato todavía”. Por esta razón, los conventillos de La Boca resultan atractivos para emprendedores inmobiliarios que quieren sumarse al negocio turístico del barrio.
“Lo que no tienen en cuenta estos inversores es que La Boca tiene una tradición y hay familias que habitan esos espacios, más allá del turismo y el negocio”, contó Alejo Di Carlo, otro de los vecinos históricos de la zona.
La solución que ofrece el Gobierno de la Ciudad es pagar 18mil pesos para que los inquilinos de estas propiedades consigan otro lugar donde vivir. Pero para muchos la suma no alcanza para sustentar otra vivienda ni puede cubrir el valor afectivo del lugar donde nacieron.
Según los vecinos, otro mecanismo de desalojo frecuente es declarar la construcción en peligro: de esa manera, se obliga a deshabitar el lugar en vez de ayudar a refaccionarlo o brindar una alternativa habitacional.
Para Yagaimini, “es raro que en lugares donde las familias viven desde hace más de treinta años, de repente aparezcan propietarios con títulos de compra que datan de hace un año y medio, por lo que sospechamos de testaferros encubiertos del negocio inmobiliario”.
La próxima audiencia para ofrecer una alternativa de vivienda a los habitantes del conventillo de Ministro Brin será el primero de noviembre. “Si la Ciudad no se hace cargo de estas personas veremos de financiar la compra de algún terreno digno”, concluyó Sasson.