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Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), anticipó a Infojus Noticias que el próximo jueves apelará el procesamiento que dispuso hoy el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobre él y su colaborador Omar Gabriel Orsi. El magistrado los acusa de perjudicar deliberadamente la investigación por lavado de dinero en la causa contra el empresario Lázaro Báez, pero Gonella afirmó que la resolución “es endeble, arbitraria y vergonzosa” porque omite pruebas objetivas y se apoya en recortes periodísticos.

“Es arbitraria porque omite tratar cuestiones fundamentales de nuestra línea de defensa, las evita sin ninguna explicación”, explicó el fiscal. Y detalló que entre la prueba omitida está el testimonio clave de cuatro secretarios y funcionarios de la fiscalía que llevaba el expediente. La denuncia contra Báez y los financistas Federico Eláskar y Leonardo Fariña fue presentada por la diputada nacional Elisa Carrió, el activista Fernando Míguez y el abogado Ricardo Monner Sans (ambos en representación de dos ONGs), que llevaron un informe televisivo ante la justicia.

La causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, y le correspondía al fiscal Guillermo Marijuan instruir la causa. Como estaba de licencia, sus secretarios trabajaron con el fiscal subrogante Ramiro González. Desde esa fiscalía le solicitaron intervención a la oficina de Gonella, por tratarse de una fiscalía especializada. El fiscal antilavado siguió los protocolos particulares de su dependencia, intervino sólo durante dos días, y se centró en los aspectos propios de su oficina.

“Tramitamos esta y todas las causas en base a protocolos de actuación que tienen que ver con los parámetros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, detalló Gonella. Y dijo a Infojus Noticias que durante cuatro horas explicó esos procedimientos al juez Martínez de Giorgi para que entendiera cómo es el procedimiento habitual de la fiscalía especializada. “Formulamos requerimientos sobre la base de información objetiva, es un trabajo más específico que el de cualquier fiscalía”. También entregó información de otros expedientes para que el juez comparara el procedimiento aplicado.

Las contradicciones del procesamiento

El requerimiento de instrucción por el que Gonella quedó procesado también lleva la firma del fiscal Ramiro González, responsable principal de la instrucción de la causa. Él no fue imputado ni se escuchó su voz. Como parte de su defensa, Gonella pidió que se lo citara como testigo, pero Martínez de Giorgi nunca lo llamó.

“No me denunció el fiscal Marijuan, que supuestamente sería el perjudicado por nuestra participación, sino un grupo de legisladores del arco opositor al gobierno, en base a recortes periodísticos”, reveló Gonella. El juez le atribuye haber ignorado prueba para imputar a Lázaro Báez, pero el requerimiento se apoya en la prueba oficial recabada de reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Banco Central.

La prueba a la que se remite Martínez de Giorgi son las supuestas cámaras ocultas en las que Eláskar y Fariña lanzaban acusaciones y confesiones que al día siguiente desmintieron. Según Martínez de Giorgi, tomando en cuenta esa información, los funcionarios de la fiscalía habían formulado un borrador de requerimiento de instrucción incluyendo a Lázaro Báez y al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

Gonella reveló que el juez “omitió el análisis de los testimonios de los secretarios del fiscal, que son categóricos en afirmar que no recibieron ninguna directiva de excluir a nadie, y en expresar que no se nos puso en conocimiento de un proyecto de requerimiento más amplio”. Además, indicó que De Vido tampoco fue incluido en la ampliación del requerimiento en el que supuestamente Marijuan corrigió las presuntas desviaciones de Gonella. “Con ese argumento, también tendrían que procesar a Marijuan por prevaricato”, agregó.

“A algunos jueces se les termina el negocio”

“Es vergonzoso que el mayor desarrollo argumental del juez se base en el relato de los medios de un grupo corporativo”, respondió Gonella. Dijo que “algunos jueces utilizan estos instrumentos de indagatoria y procesamiento para enriquecerse ilícitamente y para presionar políticamente”. Explicó que “el nuevo Código Procesal Penal termina lisa y llanamente con estas prerrogativas y redistribuye los roles” y afirmó: “Es de suponer que esto pone nerviosos a algunos jueces porque se les termina el negocio y la herramienta para presionar políticamente”.

“El juez que me acusa y me procesa con estos argumentos, sobreseyó en tiempo record a los imputados en la causa Bárcena, en la que denunciamos un multimillonario lavado de activos derivados de hechos de corrupción de ex funcionarios que ya están presos en España”, recordó Gonella. El juez argumentó ese sobreseimiento en la prescripción de la causa, a pesar de que el delito “todavía se está consumando en este momento”.

Se trata de una derivación de la causa que tiene en vilo a todo el país ibérico, surgida de la trama Gürtel y vinculada con el financiamiento ilegal del Partido Popular. Hoy esa resolución está siendo revisada por la Cámara de Casación. Para Gonella, “eso demuestra cómo opera un sector de los jueces federales con respecto a causas realmente trascendentes, y con qué falta de argumentos nos procesan a nosotros”.

“Primero citan a indagatoria a los que investigan, antes de citar a los denunciados por lavado”, explicó el fiscal. En este caso, a dos años de iniciarse la instrucción, Báez todavía no fue llamado a declaración indagatoria, pero el fiscal antilavado fue procesado en tiempo record. Gonella ironizó: “Es un caso para el estudio de la antropología jurídica”. En un caso que guarda extrañas similitudes, el fiscal fue imputado por el juez Claudio Bonadío por violación de secretos, en base a una investigación sobre lavado de dinero del contrabando.

La decisión del procesamiento de Gonella ya había sido anticipada por los diarios La Nación y Perfil en las últimas dos semanas. Para el fiscal, esa información se filtró intencionalmente desde el juzgado, “lo cual también es preocupante”. El fiscal antilavado también había respondido a las acusaciones pero en otro ámbito: durante horas en el Senado expuso los protocolos de la Procelac y explicó sus acciones, antes de que la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta prestaran acuerdo para ratificarlo en su cargo.