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Un grupo de bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, propuestos por el Gobierno nacional,  intenta llegar a un acuerdo con los fondos buitre para que desistan del juicio que llevan adelante en los tribunales de Nueva York contra la Argentina. Se trata del fondo Gramercy que, en conjunto con Fintech,  viene trabajando en una propuesta desde fines de 2012 para detener la arremetida de Paul Singer y Dart Kenneth, magnates que comandan los fondos NML Capital Ltd, Elliot Management y Aurelius Capital Management.

Los bonistas de Gramercy y Fintech tienen títulos de la deuda reestructurada por más de 7 mil millones de dólares. Para ellos, un eventual fallo en la Justicia de Estados Unidos a favor de los fondos buitre arrastraría al Estado argentino a una cesación de pagos que impediría continuar con la liquidación de las cuotas de los bonos de la reestructuración. Los fondos buitre reclaman alrededor de 1300 millones de dólares de títulos que fueron defaulteados en 2002.

Al no acceder a las condiciones de los canjes, un fallo que obligara a la Argentina a pagar la totalidad del monto que reclaman violaría la cláusula por la que la Nación se comprometió a aplicar iguales condiciones para todos los bonistas. Eso habilitaría a todos los bonistas a reclamar la deuda original como si la reestructuración no hubiese existido, y arrastraría al país a un nuevo default. Los bonistas de Gramercy ven esta posibilidad y entienden que con Argentina en default no sólo no cobrarían ellos, tampoco los buitres ni los demás acreedores.

La iniciativa de estos fondos de inversión, apunta a hacer cesar el reclamo de Singer y Kenneth, cuyos grupos poseen títulos por cerca del 0,5 por ciento de la deuda. Gramercy y Fintech renunciarían a parte de sus créditos en favor de los fondos buitre, a cambio de que desistan en sus acciones judiciales y acuerden con el Estado condiciones similares a las del canje. Así, sus propios pagos, que Argentina viene cumpliendo desde el lanzamiento de la reestructuración, también seguirían cursándose sin problemas.

A los canjes ingresaron el 93% de los bonistas, que accedieron a entregar los títulos defaulteados por otros a menor valor de capital e intereses, con plazos de pago renegociados. Cerca de 6500 millones de dólares quedaron fuera del canje, y 1300 son los reclamados por los fondos buitre en la justicia de Estados Unidos.

Durante los últimos diez años, el país pagó cerca de 170 mil millones de dólares en concepto de bonos renegociados. Argentina impulsa la reapertura del canje de deuda como gesto de predisposición para el pago a los acreedores. Los fondos buitre se niegan a ingresar al canje, e intentan forzar a la Argentina a una negociación específica, exigiendo un pago mayor a lo que se ofreció en los sucesivos canjes lanzados por ley.

El conflicto judicial en los tribunales de Nueva York pasó ya por todas las instancias. Los fallos contrarios al país en primera y segunda instancia demostraron el poder de lobby de los especuladores financieros. Aún queda por definirse la posibilidad de que la Corte Suprema acepte tratar el caso y revoque lo resuelto por el juez Thomas Griesa y la Cámara de Apelaciones en favor de los fondos especulativos.

Los jueces del máximo tribunal podrían zanjar la polémica jurisprudencia de los tribunales inferiores, que hasta ahora pone en vilo el equilibrio de las finanzas internacionales. La decisión tomada por los jueces hasta ahora desafía la planificación soberana de emisión y pago de títulos de deuda de todos los países, en un momento en el que la crisis económica mundial podría derivar en otros procesos de reestructuración de parte de países centrales como Grecia, España, Italia y Francia.