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El juez de Nueva York, Thomas Griesa, volvió de sus vacaciones en su rancho de Montana y retomó sus actividades con el objetivo de seguir de cerca la disputa legal que enfrenta a Argentina con los fondos buitre.

Aunque aún no convocó a un encuentro entre las partes, Griesa, está en contacto con el abogado Daniel Pollack, designado por él mismo para mediar en el litigio, confirmó una fuente de su juzgado a la agencia Télam.

Tras los encuentros que el viernes mantuvo con las partes por separado, Pollack prefirió guardar reserva respecto de si esta semana realizará un nuevo encuentro tanto con los funcionarios argentinos como con los representantes de los fondos buitre.

Hasta tanto se establezca otra fecha para un nuevo encuentro en Manhattan, Pollack seguirá en contacto con las autoridades argentinas, reveló a Télam una persona que involucrada en el día a día del litigio.

Luego de la última reunión que se hizo en las oficinas del estudio McCarter & English, en el piso 23 del edificio ubicado sobre Park Avenue, en la Gran Manzana, el Ministerio de Economía reiteró su disposición a "continuar con un diálogo que permita encontrar una solución en condiciones justas, equitativas y legales para el 100 por ciento de los bonistas". Y también el pedido de que Griesa "disponga una suspensión de la sentencia (stay) habida cuenta la magnitud de los montos involucrados".

La Embajada argentina en Estados Unidos, afirmó hoy a través de su cuenta oficial de Twitter (@ARGembassyinUSA), que los "fondos buitre dificultan condiciones justas, equitativas y legales para las negociaciones: se oponen a la petición de Argentina del `stay´". "Argentina ha pedido un `stay´. ¿Qué tipo de negociación equitativa involucrando miles de millones de dólares puede ser alcanzada en sólo unas semanas?", agregaron.
 

Tiempo de decisiones: lo que pasó y lo que viene

Griesa debe definir si como lo pidió Argentina repone la suspensión de la sentencia (“stay”) en el juicio con los fondos buitres. Pollack, es el encargado de transmitirle la posición de las partes.  

La delegación argentina le hizo entrega a Pollack de material jurídico y financiero referido a los reclamos de los restantes tenedores de bonos que no ingresaron al canje, que representan más de 15.000 millones de dólares y de la llamada Cláusula RUFO (Derechos sobre Ofertas Futuras en su siglas en inglés) de los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 y que abarcan al 92,4% de la totalidad de tenedores de bonos de la deuda.

Al finalizar las reuniones con el negociador, el pasado viernes el ministerio de Economía emitió un comunicado en el que informó que "resulta imprescindible que el juez disponga una suspensión de la sentencia (stay)" para poder negociar en condiciones equitativas y "habida cuenta de la magnitud de los montos involucrados". El primer encuentro con el negociador fue lunes pasado, cuando participó del encuentro el ministro de Economía Axel Kicillof, junto a los secretarios de Finanzas, Pablo López, y de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Federico Thea.

El viernes pasado López, Thea y los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman insistieron en que únicamente con el restablecimiento del "stay", con lo que el país podría pagar los vencimientos del 30 de junio pasado sin temor a embargos, y así sentarse a discutir el fondo del eventual acuerdo con los fondos buitre. El tiempo para esto corre, ya que la fecha tope es el 30 de julio, cuando terminan los 30 días de gracia para que el país cumpla con el pago de los u$s 538 millones que debe liquidar por el vencimiento del bono Discount.

La segunda cuestión que debe analizar Griesa son las posibles salidas a la aplicación de la cláusula RUFO. Al menos si el acuerdo con los holdouts se cierra este año, ya que la RUFO ya no rige desde enero de 2015. Según los abogados de CSG&H, la opción más sólida para evitar una catarata de juicios posteriores a la firma de un acuerdo con los acreedores; es que sea Griesa el que firme explícitamente que la Argentina paga porque está obligada por su fallo de octubre de 2012, y que lo hace de una manera "involuntaria".