Habilitan el acceso a la base de datos de antecedentes de la AFI
El gobierno nacional autorizó al ingresó a la Base de Datos de la AFI. Podrán consultarla los organismos de derechos humanos y quienes “acrediten interés legítimo en función de su actuación y trayectoria en la colaboración judicial en las investigaciones por delitos de lesa humanidad”.
Juan Ignacio Calcagno
El gobierno nacional ordenó autorizar el acceso a la información contenida en la Base de Datos de Antecedentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la cual contiene información recolectada a lo largo de los años. Así lo detalló en el decreto 2704/2015, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial.
Podrán solicitar esa información “las personas físicas, respecto de informaciones referentes a sí mismas; los padres, madres, hijos o el cónyuge supérstite del causante, respecto a la información referente a su representado; y los organismos de derechos humanos, que acrediten interés legítimo, en función de su actuación y trayectoria en la colaboración judicial en las investigaciones por delitos de lesa humanidad”.
En tanto, quedará exceptuada de esta decisión toda aquella información que “afecte la seguridad interior, la defensa nacional o la política exterior; involucre información correspondiente a servicios de inteligencia extranjeros; involucre datos personales de terceros; refiera a agentes de la ex Secretaría de Inteligencia y de la Agencia Federal de Inteligencia o pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”.
Además, no brindará información que “pudiere interferir en investigaciones judiciales en curso” o si la misma “hubiere sido obtenida a partir de la actuación de la ex Secretaría de Inteligencia como auxiliar de justicia, salvo que se contare con autorización judicial para brindarla”.
El decreto advierte también que “la información que se provea conforme al presente procedimiento continuará estando alcanzada por las previsiones de los artículos 16, 16 quater y 17 de la Ley N° 25.520 modificada por la Ley N° 27.126, quedando vedada su divulgación o su reproducción por cualquier medio”.
“Conforme a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado argentino viene adoptando desde el año 2003, este gobierno nacional presta la mayor colaboración a las causas que tienen por objeto investigar y reprimir los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre los años 1976 y 1983, y ha tomado diversas medidas para favorecer el conocimiento integral de los hechos vinculados con la violación de derechos humanos”, se destaca en la medida.
Télam/EV/PW
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