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“Juráis que siempre absolverás a una morocha de ojos verdes”, dijo el juez en un acto de jura hace más veinticinco años. El que escuchaba, un joven de 18, había ingresado hacía poco tiempo a la oficina como “pinche”, el escalón más bajo en el Poder Judicial. Además del joven, que miraba con asombro al escuchar lo que decía el magistrado, estaba su padre -que días antes había comprado un traje para asistir a la “jura”- y el resto de los empleados.

-¿Jura o no jura?- volvió a preguntar el juez.

Al joven, que seguía desconcertado, le tuvieron que decir que era una broma. Se estaba dando una situación que no era nueva: lo que en los pasillos se conocía como “derecho de piso judicial”. Por aquellos años, la conocida “familia judicial” hacía casi monárquico el ingreso a trabajar en un juzgado. Esto se reflejaba en los considerados ritos de iniciación para los “meritorios” o “pinches”.

Según la definición de diccionario, el meritorio es quien trabaja sin sueldo para obtener experiencia. Con el tiempo, ingresa a un juzgado. “Era algo muy institucionalizado”, cuenta un periodista que, cuando joven, trabajó en juzgados penales y hasta militó en el gremialismo judicial. “Los pibes entraban cuando se moría alguno, renunciar no renunciaba nadie”, dijo.

“Quien recién empieza es el que hace los laburos ingratos”, agrega el periodista, que recuerda que por aquellos tiempos hasta iban a pagarle las facturas al juez, y cosían expedientes con aguja e hilo. Esos detalles forman parte de un pasado reciente: con las nuevas tecnologías ya no corren.

Entre las “bromas” que se les hacían a los “pinches” estaba el hecho de mandarlos a buscar algo en el séptimo piso del Palacio de Tribunales: es un piso que no existe. Otra tarea era también mandarlos a comprar sobres para poder enviar “circulares”, es decir, los mensajes internos.

Hasta la actualidad, la tarea principal de los meritorios es la atención al público y a los abogados en las mesas de entradas de los juzgados.

La intervención de la Corte Suprema

Los meritorios habían sido prohibidos por una acordada de la Corte Suprema de 1977, que incorporó a los que había entonces y vedó el ingreso de nuevos. De todas maneras, por fuera de la prohibición, siguieron exisitendo. 

En agosto de 2005 se calculaba que en los tribunales nacionales trabajaban entre 1500 y 2000 meritorios. En 1998, el recientemente creado Consejo de la Magistratura intentó censarlos pero los números no eran claros.

Entre 2006 y principios de 2007, las protestas de los meritorios para poder ser incorporados se hicieron escuchar con fuerza. Las quejas en el hall del Palacio de Tribunales y en el Consejo de la Magistratura eran recurrentes. En consecuencia, la Corte Suprema  creó una comisión evaluadora para examinar a los meritorios y ver si cumplían con las condiciones para trabajar en la Justicia Nacional.

A mediados de 2006 consiguieron un triunfo cuando el Consejo de la Magistratura incorporó a la planta permanente del Poder Judicial a 1186 empleados que trabajaban en negro en los tribunales nacionales. A mediados de 2007, la Corte ordenó también el blanqueo de todos los meritorios que trabajan en los tribunales federales del país sin cobrar ninguna remuneración.

Los problemas judiciales del “meritorio”

En 2010, la Corte Suprema de Justicia debió dirimir la competencia en una causa donde una ex meritoria se presentó en la justicia laboral para reclamar un resarcimiento económico por las consecuencias de un “infortunio que habría sufrido en momentos en que prestaba tareas como meritoria” en un juzgado de Instrucción. En enero de 2007, la joven realizaba tareas de archivo, es decir, mover expedientes y se lesionó. Tuvo una “hernia umbilical”.

El Consejo de la Magistratura, a pocos meses de ocurrido el accidente, rechazó un pedido de la meritoria para que la ART “se haga cargo de lo concerniente al presente caso”. La meritoria no era empleada, “contratada ni interina del sistema judicial, ni incluida en una nómina de personal asegurado” (resolución 635/07 del Consejo)

Por otra parte, la justicia laboral se consideró incompetente porque sostenía que no existía una “relación de dependencia remunerada entre las partes". El máximo tribunal le dio la razón: “no se advierte que el vínculo entre la actora y el Estado Nacional se funde en un contrato de trabajo”, decía la sentencia que demostraba las trabas, incluso para reclamar, que representa un “trabajo” de meritorio en la justicia. La causa fue a parar a la justicia Civil y Comercial. Hasta hoy está pendiente de un fallo definitivo.