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La Cámara Nacional en lo Criminal evalúa un recurso de queja con pedido de procesamiento contra el jefe de gobierno, Mauricio Macri, presentado por la filial porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por la "brutal represión" a médicos, internos y periodistas, durante el desalojo de los talleres del Hospital Borda ocurrida en abril último.  

Ahora, la Cámara deberá fijar una audiencia de "informe oral" para luego resolver la apelación contra el sobreseimiento del jefe de gobierno por la represión en el Hospital Borda. En la audiencia, que podría realizarse en las próximas semanas, los letrados que presentaron el recurso tendrán la oportunidad de formular un "informe in voce" con los argumentos contra lo que consideran un medida prematura.

A fines de diciembre último, un grupo de trabajadores de ATE pidió que, además de Macri, sean responsabilizados por los hechos la vicejefa de gobierno María Eugenia Vidal, el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de seguridad Guillermo Montenegro y el titular de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín.

También se pidió el procesamiento del jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, y de varios efectivos de esa fuerza de seguridad. Todos fueron sobreseídos por el juez de instrucción Jorge Adolfo López, quien además -en el caso de los funcionarios- rechazó la apelación de los abogados Lucas Arakaki y Martín Alderete, lo que originó la interposición del recurso de queja ante la Cámara.

Mientras el juez atribuyó responsabilidad al comisionado de la Policía Metropolitana Martín Jorge Rot, los trabajadores de ATE sostuvieron que Chaín desconoció una medida cautelar que impedía realizar reformas sobre el área en donde funciona un taller en el hospital Borda, para llevar a cabo su emprendimiento "Nuevo Distrito Gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Para los querellantes, el juez sobreseyó a Macri y a los otros funcionarios porteños "sin dar mayores explicaciones" y sin evaluar si pudieron haber evitado el hecho. Para la querella, en tanto, el sobreseimiento fue "prematuro e innecesario", en tanto que consideró que hubo una represión "abierta, salvaje e indiscriminada, transmitida en vivo por casi todos los medios informativos televisivos y radiales". El grupo de trabajadores concluyó que la responsabilidad de los funcionarios "es indubitable", porque "se dejó hacer al personal policial durante 6 horas, con la consiguiente consecuencia de heridos y apaleados".