La Cámara del Crimen rechazó el pedido de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad en la causa que investiga el desalojo y la violenta represión del 26 de abril en el Taller Protegido 19 que funcionaba en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda.
La Cámara del Crimen rechazó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea querellante en la causa que investiga la represión en los talleres del Borda en abril pasado, ya que podría ser imputado. Para los jueces, no se lo puede aceptar como querellante ya que se instauraría “una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores".
Los magistrados de la sala IV de la Cámara, Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas, rechazaron el pedido del titular de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D'Albora, de ser parte querellante.
Los hechos ocurrieron el 26 de abril pasado, durante el violento desalojo y la represión en el desmantelamiento del Taller Protegido número 19 que funcionaba en el hospital Borda y estaba protegido por una medida cautelar. Como consecuencia resultaron heridos médicos, pacientes, legisladores, periodistas y también uniformados de la Policía Metropolitana, a cargo del operativo.
Los jueces explicaron en la sentencia que los policías metropolitanos sufrieron "distintos tipos de lesiones, y a su vez habrían dañado tanto los elementos de protección que portaban estos últimos, como los cercos perimetrales de la obra". Al mismo tiempo, "con motivo del accionar policial también habrían resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales". Por estos argumentos decidieron que "no puede prosperar” el pedido del Gobierno de la Ciudad a ser parte querellante. Los camaristas explicaron que en las causas hay una "evidente relación entre los legajos pues las conductas a dilucidar se ubican en un mismo contexto” puesto que “todas confluyen en el suceso que tuvo lugar el pasado 26 de abril".
El desalojo y la represión de ese día en el Borda derivó en dos causas judiciales en las que están imputados miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, tales como Mauricio Macri, jefe de Gobierno; Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete; Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad y Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano. A todos se los imputa por los delitos de “daño agravado, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona".