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El ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI), Antonio “Jaime” Stiusso, y un grupo de ex espías y empresarios comenzarán a ser investigados por los presuntos delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras ser imputados hoy por el fiscal federal Ramiro González. Se trata de la denuncia que realizó la ONG La Alameda sobre los negocios que los agentes comandados por Stiuso realizaban de manera ilegal bajo el paraguas de la agencia de inteligencia estatal.

El fiscal requirió hoy abrir una causa contra casi medio centenar de mencionados en la denuncia y contra 85 empresas, algunas en el extranjero, y pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, una batería de medidas de prueba, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

Además de Stiuso serán investigados los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, además de empresarios presuntamente vinculados a ellos, entre los que figura Carlos Molinari, ya procesado en otra causa por lavado de dinero. Molinari es quien, según consta en varios expedientes, pagó los gastos de la fiesta de casamiento de la modelo Karina Jelinek con Leonardo Fariña.

La Alameda, que dirige el legislador porteño Gustavo Vera, denunció en principio un entramado de 52 empresas que integrarían un grupo económico manejado por ex agentes de inteligencia y pidió que se investigue el patrimonio de Stiuso, cuyo salario formal rondaría los 15 mil pesos. Una de las empresas denunciadas es “American Tape S.R.L”, creada en 1995 y dedicada formalmente a la producción, importación y distribución de elementos de audios y videos.

La empresa tiene su sede en la avenida Jujuy al 200 de esta capital, donde Stiuso recibía las facturas de más de doscientos teléfonos celulares a su nombre cuando comandaba operativamente la ex SIDE. Sin embargo, al desclasificar los legajos de los ex agentes, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, negó que se tratara de empresas creadas como parte de la tarea de la Secretaría de Inteligencia y envió los reportes a la fiscalía.

Otros de los negocios de los ex espías serían empresas agropecuarias y de también de explotación de la prostitución ya denunciados con anterioridad ante la justicia. En su imputación, el fiscal González pidió a Casanello unas treinta medidas de prueba tendientes a desentrañan lo que consideró un “complejo entramado” financiero que incluiría lavado de dinero.

Entre las medidas requeridas figuran pedir informes a entidades bancarias, financieras y organismos públicos como la Inspección General de Justicia (IGJ), donde la empresas deben registrarse.

Télam/RA