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La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado imputó al fiscal general de esa localidad, Julio Alberto Novo, por encubrir una red internacional de narcotráfico. Lo decidió después de allanar el 30 de diciembre las tres dependencias de la fiscalía general, en el marco de una causa que vincula los asesinatos de narcos colombianos en Unicenter y San Fernando, y el envío de casi una tonelada de cocaína a España.

Además del despacho de Novo, la justicia allanó las oficinas de los fiscales adjuntos Eduardo Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro, y de las secretarias de la fiscalía Mariana Busse y Melisa Fernanda Rey. Los funcionarios judiciales están acusados del delito de encubrimiento agravado, atentado a la autoridad por estorbo al acto funcional, abuso de autoridad y violación de sus deberes oficiales. La jueza también ordenó buscar registros en la Procuración de la provincia de Buenos Aires, a cargo de María del Carmen Falbo. 

Julio Alberto Novo, fiscal general de San Isidro 

Crímenes con sello narco

La investigación se inició a partir de la denuncia del fiscal de primera instancia de San Isidro Luis Angelini, en octubre de 2012, ante el Juzgado Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo. El magistrado se declaró incompetente y el expediente pasó al juzgado de Arroyo Salgado. La denuncia de Angelini se basaba en la investigación de dos causas por homicidio. Una de ellas, la que se originó el 24 de julio de 2008, en el estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez, donde un sicario acribilló a balazos a los colombianosHéctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, y Jorge Alexander Quintero Gartner. La otra causa arrancó un año después, cuando Juan Sebastián Galvis Ramírez  recibió diez balazos en la puerta de un club naútico de San Fernando. Las tres víctimas eran colombianos vinculados al narcotráfico.

Los fiscales Diego Grau y Angelini establecieron conexiones que llegaban hasta los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá, hijos del brigadier José Antonio Juliá, ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea durante el gobierno de Carlos Menem. El fiscal Angelini denunció que sus jefes no lo dejaron avanzar en las investigaciones. Meses después, los hermanos Juliá fueron detenidos en el aeropuerto de Barcelona con 944 kilos de cocaína.

Los fiscales también vincularon el tráfico de drogas al Cartel del Norte del Valle (Colombia), ubicaron a varias personas importantes para la causa y organizaron un cronograma de entrevistas en Bogotá, Cali, Ibagüe, Medellín y Pereyra. Tenían todo listo para viajar a Colombia en agosto de 2009. En el aeropuerto de  Bogotá los esperaba una comisión de investigadores locales. Pero los funcionarios judiciales argentinos nunca llegaron. A menos de 24 horas de tomar el avión, el viaje se suspendió. Desde Argentina se adujo un problema burocrático entre Novo y la Procuración bonaerense.

En 2010 cuatro fiscales de San Isidro le entregaron a María del Carmen Falbo una denuncia en mano firmada por 13 de los 46 fiscales de primera instancia en la que denunciaban a Novo por ejercer “abuso psicológico” y “violencia laboral” y reclamaban su juicio político. En diciembre de ese mismo año, la Comisión Bicameral de Juicio Político rechazó el pedido.

Relaciones peligrosas

El diario Página/12, en una nota de Horacio Verbitsky citó la resolución por la que la jueza Arroyo Salgado dispuso los allanamientos. El artículo citó un tramo del dictamen del fiscal Domínguez, a cargo de la causa: “Se debe saber que el fiscal general Novo es superior jerárquico de la cuñada de Gustavo Adolfo Juliá, la fiscal María Inés Domínguez –quien además fue socia y apoderada de la empresa que luego terminó operando bajo la razón social Federal Aviation SA–; que tiene amigos con grados de parentesco con los cónyuges Gustavo Adolfo Juliá y Amelia del Carmen Domínguez; que es superior jerárquico también de Mariana Busse, pareja del abogado defensor de Gustavo Adolfo Juliá, el abogado Carlos Alberto Broitman; y que registra con la mayoría de los nombrados fluidos contactos telefónicos”.

Mariana Busse, imputada en la causa, fue secretaria de Novo entre febrero de 2005 y junio de 2008, cuando renunció para asumir como codefensora de Gustavo Adolfo Juliá. En 2011, después de la detención de Juliá, volvió a la fiscalía como secretaria de gestión de la unidad descentralizada de San Fernando. Según publica Página 12, “su actividad principal fue averiguar cuánto y en qué dirección había avanzado en su pesquisa el fiscal Angelini y obstruir en todo lo posible su tarea. A propuesta de Novo, ya había otro funcionario designado para cubrir esa secretaría, pero cuando los Juliá cayeron en Barcelona, Novo pidió a la Procuración que anulara ese nombramiento y en su lugar recomendó a la abogada de Juliá”.

La Procuradora provincial María Falbo aceptó el pedido de Novo y designó a Mariana Busse en el cargo en mayo de 2011.

El “alcalde” de Tigre

El estudio que Busse compartía con el abogado Carlos Broitman también defendió a uno de los acusados por el triple crimen de General Rodríguez, al narco colombiano Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, y a su compatriota Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, detenido en el marco de la causa por narcotráfico en el country de Tigre Nordelta.

Gálvez fue detenido en 2013 en otro barrio privado vecino, el Marinas Golf de Tigre. El juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, lo procesó como integrante y posible cabecilla de “una organización vinculada a la obtención, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes dotada de una estructura organizada en estamentos y con una clara división de funciones”.

En la causa consta un correo electrónico –al que Infojus Noticias tuvo acceso- en el que uno de los acusados cuenta que el “alcalde de Tigre” (en referencia al entonces intendente Sergio Massa) estaba al tanto de un “expediente judicial y una orden de allanamiento” que involucraba a la banda por “narcotráfico y lavado de dinero”. Según la carta, Massa “envió un fiscal muy prestigioso de este país a investigar acerca de estas acusaciones". En su dictamen, el fiscal Domínguez sostiene que “casualmente” en la investigación “se verifican casi cien comunicaciones entre el imputado Novo y Federico y Malena Galmarini”.