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La ex jueza Rosa Parilli, destituida en 2009 por insultar a dos empleadas de la playa de infractores de tránsito, será indemnizada por las demoras que hubo en su designación. Así lo ordenó la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAyT). Parrilli en 2007, presentó una demanda por los daños y perjuicios que le ocasionaron la sanción de dos leyes que, años atrás, retrasaron su nombramiento como jueza.

La ex magistrada había rendido  y aprobado el concurso para el cargo en 2000 y luego, en 2003, una ley redujo la cantidad de juzgados contravencionales porteños de 38 a 31. Según argumentó Parilli, ese retraso impidió que cobrara sueldos durante tres años. Ya había ganado el juicio en primera instancia, pero el Gobierno porteño apeló y la Cámara volvió a darle la razón, aunque redujo la indemnización planteada en primera instancia. La cifra será el 25 por ciento del monto que surja de “comparar las remuneraciones percibidas por la ex magistrada y las remuneraciones netas que hubiera correspondido al cargo de juez de primera instancia”, dijo la resolución. La ex jueza había pedido también se la indemnice por “daño moral” pero esto fue rechazado.

En 1999 Parrilli se inscribió en un concurso en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para cargos en ese fuero y le fue bien. En 2002 el organismo la propuso para que ocupara uno de esos 38 cargos y hasta fue a la audiencia pública. Pero en 2003 se aprobaron las leyes que reducen la cantidad de juzgados y su pliego fue devuelto al Consejo porteño. Recién fue puesta en funciones en marzo de 2006.

Insultos y agresiones en una playa de infractores

“Me llevaron el auto mientras estaba haciendo un procedimiento, necesito el auto ya”, exigió una mujer de tapado largo y negro a dos empleadas de la playa de infractores en septiembre de 2009. Era Rosa Elsa Parrilli, por entonces jueza de la Ciudad. Después que le pidieran la cedula del auto, se le escuchó decir “no tengo nada que pagar”. Aunque ya mostraba signos de alteración todo fue creciendo.

Comenzó a gesticular, mover los brazos y se sacó el tapado. “Con quién tengo que hablar”, gritaba. “Con el controlador de faltas”, le respondían las empleadas. “Qué controlador ni controlador, si yo soy la que le da las órdenes a los controladores tonta”, les dijo. "Todas morochas, ni una rubia contratan". Y siguió: "ganan 1.200 pesos para joder a la gente", les gritó a María Iratí Albe y Rocío Gómez.

El episodio que quedó registrado por cámaras de seguridad, derivó en que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la ciudad de Buenos Aires la destituyera en diciembre de 2009 por “conducta descontrolada” con “hostigamiento, discriminación y violenta agresión verbal”.  Se trató de un “caso de abuso de poder” que ejerció al ostentar su cargo de magistrada dijo el tribunal que la destituyó rechazando su principal argumento de que se encontraba intoxicada por una medicación.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la destitución al rechazar un recurso extraordinario presentado por Parrilli. El máximo tribunal confirmó la validez del juicio político en septiembre de 2012. “Tuvo las oportunidades procesales legalmente contempladas -en las dos etapas del procedimiento político- para ejercer su defensa mediante descargo” y en lo judicial “la sentencia dictada dio respuesta a los planteos considerados”, sintetizó la Corte.