Ingreso igualitario a la Justicia: el fin de la “familia judicial”
El último proyecto de la Reforma, que podría ser ley este miércoles, busca terminar con el ingreso al Poder Judicial por amiguismo o lazos familiares. La familia Bustos Fierro es uno de los tantos casos.
"Corre una anécdota en nuestra provincia, que en determinados sectores sociales, por su origen, por su continuidad en la historia en la ligazón al Poder Judicial federal, al nacer se anota a los hijos en el Registro Civil y en la Justicia nacional de nuestra provincia”, había dicho el diputado cordobés, Ernesto Martínez (Frente Cívico) durante la sesión en la que se le dio media sanción al proyecto por ingreso igualitario al Poder Judicial.
El ingreso igualitario es el único de los proyectos de democratización de la Justicia que todavía se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de la Nación. Esta semana será tratado por la Cámara de Diputados ya que sufrió modificaciones.
Uno de los principales argumentos que propiciaron su aprobación fue la pretensión de terminar” con la “familia judicial”. El nombramiento de familiares, conocidos y amigos. Un lugar donde la “meritocracia”, el hecho de llegar a un cargo por los méritos personales, parece no tener cabida.
Los cruces de apellidos en la justicia federal, nacional y provincial saltan a la vista en las listas de jueces, secretarios y funcionarios de los diversos tribunales del país.
Un ejemplo claro es el de María Servini de Cubría. La jueza se desempeña en el Juzgado Federal Nº 1 desde hace muchos años. Su hijo, Juan Carlos Cubría, era director de Preadjudicaciones en el Consejo de la Magistratura.
En marzo de este año, Juan Cubría ascendió en su cargo gracias al apoyo de los consejeros Mario Fera (juez), Alejandro Fargosi (abogado), Daniel Ostropolsky (abogado), Alejandro Sánchez Freytes (juez), Oscar Aguad (diputado), Mario Cimadevilla (senador) y Ricardo Recondo (juez) como secretario de la Comisión de Administración, la comisión encargada de “manejar los fondos” del Poder Judicial así como la fiscalización de la Oficina de Administración del Poder Judicial.
Otro caso conocido es el de Ricardo Bustos Fierro es titular del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba; un magistrado de años en los tribunales cordobeses y que sorteó varias denuncias en el Consejo de la Magistratura.
La denuncia más importante fue una que derivó en un juicio político en abril de 2000. El magistrado había sido acusado de prevaricato y mal desempeño de sus funciones por haber dictado un fallo que virtualmente abrió una puerta a la re-reelección de Carlos Menem.
No pasó nada y se rechazó su destitución. Además, su hijo, Pablo Bustos Fierro, actualmente es secretario del Tribunal Oral en los Criminal Federal Nº 1 de Córdoba e incluso participó de un concurso para poder cubrir el puesto en ese tribunal.
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