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En La Plata, el juez contencioso administrativo Luis Arias, ordenó al Ejecutivo bonaerense y a los municipios de Berisso y la capital provincial, que atiendan “las necesidades colectivas más urgentes y básicas de los pobladores afectados por la inundación”, específicamente aquellos que tenían poco y nada y tras el temporal del día 2 de abril lo perdieron todo. También dispuso que las autoridades provean viviendas “con condiciones de habitabilidad y equipamiento” a 33 familias. Y, que en un plazo de cinco días, el gobierno de Daniel Scioli brinde toda la información sobre el plan de relocalización de 700 familias que habitan en asentamientos a la vera del Arroyo Del Gato.

El juez advierte que las situaciones de vulnerabilidad en las que vivían estas familias, “asociadas a problemas de orden socioeconómico y de salud fueron agravadas y multiplicadas por el fenómeno meteorológico acaecido en la Región” colocándolos en situación de “emergencia extrema”. Atento a esto,  hizo lugar a tres amparos colectivos presentados por la Asesoría de Incapaces N°1, tras recorrer junto a representantes de la Defensoría General platense y el Colegio de Trabajadores Sociales, una docena de barrios afectados en las mencionadas localidades. En el escrito advierten sobre la “situación de vulnerabilidad extrema que padecen los niños y personas afectadas en su salud mental”.

En una de las presentaciones, la asesora de Incapaces Ida Scherman pidió amparo para una mujer y su hijo discapacitado y para la esposa y los hijos de un joven que falleció en la inundación. Ezequiel Monjes fue unos de los primeros de la lista de 51 víctimas oficializada por el gobernador Daniel Scioli. Su esposa, Claudia Quiñones y sus dos hijos, están desamparados.

Entrevistado por los operadores judiciales, un hermano Claudia contó que ella “se quedó completamente sola”, “perdió íntegramente su casa” (una casilla a la vera del Arroyo El Gato)” y “no posee recursos para sostener a su familia”. El hombre lamentó que desde entonces, “del Municipio (de La Plata), únicamente le ofrecieron otorgarle un plan trabajar y le dieron una cuna de madera en pésimo estado”. La chica tiene 20 años y estaba embarazada cuando a Ezequiel murió ahogado. Él tenía 21. Hace poco más de un mes nació el segundo hijo de la pareja.

En la resolución, Arias le ordenó al intendente Pablo Bruera y al gobierno provincial que “arbitren los medios necesarios” para darle una vivienda “que cuente con condiciones sanitarias y de habitabilidad suficiente, a cuyo fin se le otorga un plazo de dos (2) meses a partir de la notificación de la presente; debiendo proveer a dicha grupo familiar, en el plazo de quince (15) días hábiles, el equipamiento mobiliario y enseres domésticos básicos, adecuado a sus necesidades de vida digna”.

En el informe, la Asesoría de Incapaces señaló que la mayoría de los grupos familiares atraviesan una situación extrema, cuentan con escasos o eventuales ingresos, y “padecen serios problemas de salud, de discapacidad, de infraestructura habitacional y de escolaridad y, además, resultaron ser víctimas del temporal perdiendo lo poco que tenían, incluso sus casas, debiendo reubicarse y hacinarse en casa de vecinos”.