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Bodart acusa a Montenegro de cometer dos delitos que tienen una pena máxima de seis años de prisión. La denuncia es por la compra de 400 pistolas 9mm de marca Beretta, publicada el 7 de mayo en el Boletín Oficial. En 2009, Jorge “el Fino” Palacios fue denunciado por la misma razón, y en esa causa también está imputado Montenegro. Esta nueva transacción se realizó sin llamar a licitación pública, y pagando el triple del valor de las armas. Según la denuncia del legislador, es la octava contratación directa con la misma empresa implicada en la denuncia de 2009. 

 

La empresa implicada es Trompia SRL, una sociedad con sede en Rosario cuyo titular es Juan Modestini, que tiene la exclusividad de las armas Beretta en Argentina. Según una investigación de Werner Pertot publicada en septiembre de 2009, Modestini se vinculó con Jorge “el Fino” Palacios a través del ex ministro del Interior menemista Carlos Corach. Palacios fue el encargado de diseñar la fuerza de seguridad porteña por orden de Mauricio Macri, y hoy está procesado por encubrimiento en la causa que investiga el atentado a la AMIA, y por espiar líderes opositores al macrismo y funcionarios propios del PRO.

 

Según el legislador, “en la primer compra no había razón para contratar a Trompia SRL en forma directa”. En su momento, el Gobierno porteño argumentó que se trataba de una situación “urgente”, una de las causales por las que se puede evitar el llamado a licitación. En la compra más reciente, “la excusa es que deben comprar el mismo modelo de aquel entonces, para homogeneizar el armamento de la fuerza”.

 

Un colaborador del legislador porteño indica que el Gobierno de la Ciudad desembolsó 4.302.786 euros en las ocho compras a Trompía SRL, por un total de 4449 armas Beretta PX4 Storm, un promedio de 967 euros por arma. Según la página web de la firma que fabrica las armas, el precio internacional de ese modelo es de 452 euros cada una. El equipo del legislador estima que hubo un sobreprecio global del 114%, por más de dos millones de euros. “Es evidente que es una fuente de financiamiento para la corrupción interna, es clara la connivencia entre los funcionarios”, opina Bodart.

 

Además del sobreprecio, la Auditoría General de la Ciudad elaboró un informe en mayo de 2012 sobre la compra que generó la polémica en 2009. Infojus Noticias pudo acceder al documento, y constató que las características de la Beretta Storm que ponderó el Ministerio de Seguridad porteño en su informe técnico, también se verifican en pistolas de marcas y modelos más baratos. Bodart alude al informe en su denuncia para señalar los sobreprecios, falencias en el sistema de control interno del ministerio de Montenegro, y fallas en más del 20 por ciento de los cargadores adquiridos para la Metropolitana.