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Un allanamiento en el Hospital "José Tiburcio Borda", del barrio porteño de Barracas, aportó documentación para avanzar en una causa penal por la muerte de un joven paciente hace tres años y reveló un alarmante índice de fallecimientos que se investigan, informó la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). 

"Se hallaron documentos muy importantes para avanzar en la causa de Matías Carbonell, un joven de 24 años que murió cuando estaba en el Hospital Penna, adonde fue derivado con una descompensación durante su internación en el Borda", dijo a Télam Abel Córdoba, fiscal de la causa.

Durante el opertivo, añadió Córdoba, "se registró que 46 personas murieron en dos años (entre 2009 y 2010) en circunstancias que deben ser investigadas".

Córdoba explicó que "para esa fiscalía las muertes en contextos de encierro no deben descartar la hipótesis delictiva y destacó que las pruebas recogidas en el último allanamiento -el tercero desde el comienzo de la causa-, reveló un índice alarmante de muertes".

"Un total de 46 pacientes murieron en dos años. La cifra en una población de 800 pacientes es alarmante y debe ser investigada con rigor", aseguró el fiscal de la causa que fue impulsada además por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Córdoba explicó que la justicia "debe conocer quiénes fueron las víctimas, la circunstancias en que murieron y las medidas institucionales que se tomaron en cada uno de los decesos".

Macarena Sabin Paz, psicóloga del CELS que presenció el allanamiento del Hospital Borda el 1º de noviembre pasado, dijo a Télam que "estamos hablando de personas que murieron en el marco de una institución que debía protegerlas, cuidarlas y sanarlas".

Respecto al caso particular de Matias Carbonell, que murió el 12 de noviembre de 2010, Sabin Paz afirmó que fue "otro ejemplo de ninguneo, maltrato y abandono. Esto es violación a los derechos
humanos".

"Lo extraño es que Matías tenía una familia absolutamente presente y comprometida con la salud del joven. La madre visitaba a Matías día por medio y la última vez que tuvo permiso para salir fue para el día de la madre, cuando fue a visitarla a su casa".

Los querellantes dijeron que se deberá conocer la responsabilidad de los funcionarios, operadores de salud, enfermeros y demás profesionales que han estado en contacto con estas personas con padecimiento mental, "para saber si han cumplido con su obligación o no".

La Justicia, que buscaba pruebas en el hospital neuropsiquiátrico de Barracas en torno de la muerte de un joven ocurrida tres años atrás en circunstancias poco claras, se encontró con otros 46 casos, cifra que supera los índices de muertos en cárceles.

Se registró que faltaban historias clínicas y documentación del servicio 14-22, el lugar destinado a adictos y enfermos de HIV, donde estaba internado Carbonell, "aunque no respondía a esos perfiles".

"Se supone que fue llevado a ese servicio y ese fue el principio del fin para el joven, que llegó muy descompensado y con marcas de descargas eléctricas al hospital Penna, al que fue derivado y donde permaneció 20 días hasta que murió", dijo la psicóloga del CELS.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 38 que investiga las causas que determinaron la muerte, en noviembre de 2010, de Carbonell, un joven de 24 años que se encontraba internado en el Borda desde diciembre de 2009.

También estuvieron presentes en el allanamiento la abogada del CELS, Soledad Riveiro, que acompaña a la familia como querella en la causa penal, al considerar que "esta muerte es un caso que evidencia graves violaciones de derechos humanos en una institución psiquiátrica".