Investigarán a la junta directiva de Loma Negra
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal confirmó las cinco condenas que dictó el año pasado el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata por el secuestro y asesinato de Carlos Moreno, abogado de los trabajadores de la cementera.
Dos días antes del estreno del documental sobre Carlos Moreno -el abogado de trabajadores de Loma Negra desaparecido por la dictadura en mayo de 1977- la Sala IV de la Cámara de Casación Penal confirmó las cinco condenas que dictó el año pasado el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata por su secuestro, tormentos y asesinato. Casación ordenó la investigación a la comisión directiva de la empresa Loma Negra por hallar elementos objetivos que suponen la participación de la empresa en su secuestro y asesinato.
La decisión de los jueces Juan Carlos Geminiani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos alcanzó a los hermanos Julio y Emilio Méndez, dos civiles sin rango militar dueños de la casaquinta donde estuvo secuestrado Moreno en Tandil. Hasta hace pocos años, Emilio fue gerente de un banco comercial de Tandil. Durante el conflicto de la patronal agraria en 2008 Julio representaba a Alfredo De Angeli en los cortes de ruta. Hoy ambos están presos en la cárcel de Marcos Paz. Los hermanos Méndez habían sido condenados a 15 y 11 años de prisión por “facilitar” el lugar.
La Cámara también confirmó la condena dispuesta por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra de prisión perpetua para los coroneles retirados Julio Tommasi y Roque Pappalardo y al suboficial José Luis Ojeda. “Lo más importante es la confirmación de la condena por la complicidad civil del secuestro y asesinato de mi padre. Hicieron un aporte interesado para mantener posiciones económicas y sociales”, dijo a Infojus Noticias Matías Moreno, hijo de Carlos.
La sentencia del año pasado incluyó el pedido de investigar la responsabilidad empresaria y de los funcionarios civiles de la dictadura. Sobre el primer punto los jueces ordenaron “investigar a integrantes del directorio de la cementera Loma Negra, quienes habrían inducido los delitos que damnificaron a Carlos Alberto Moreno”, aunque ya estén muertos. Sobre el segundo aspecto, dijeron: “Se extrajeron testimonios para que se investigue a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y al ministro de Gobierno, Jaime Smart (fallecido), en funciones en abril y mayo de 1977, por la gestación de un comunicado del Primer Cuerpo del Ejército en el que se documentaron falsamente los hechos que motivaron la muerte violenta de Moreno”.
En la década del 70 sólo el cinco por ciento de los trabajadores de Loma Negra llegaba a jubilarse. La mayoría abandonaba antes debido a la silicosis, una enfermedad donde las diminutas partículas de sílice (componente de la arena) se meten en los pulmones y empiezan a generar patologías que impiden a los pulmones funcionar. Moreno se dedicaba a defender a estos obreros contra Loma Negra. Su viuda y su hijo sostienen que su asesinato fue a pedido de la junta directiva de la cementera.
El abogado fue secuestrado el 29 de abril de 1977 a pocos metros de su casa en Olavarría. El alegato describió los últimos momentos de Moreno: “Permaneció en cautiverio en la chacra de los hermanos Méndez. Lo sometieron a picana eléctrica e interrogatorios en condiciones deplorables. El 3 de mayo pudo escaparse a la chacra lindera, con saco y sin camisa, con los zapatos en la mano y el dedo gordo del pie lastimado e infectado, con magulladuras en la espalda y en el cuello.” Lo recapturó uno de sus secuestradores. Moreno se escapó otra vez. Fue por pocas horas, “en total estado de indefensión Moreno recibió por lo menos un disparo en el pecho a corta distancia, lo que provocó su muerte”, señaló el alegato.
El documental que narra la vida y militancia de Moreno y deja plasmada la relación entre Loma Negra y el Terrorismo de Estado fue dirigida por Esteban Velazco y es consecuencia de un convenio entre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Poder Judicial de la Nación para registrar los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
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