Infojus Noticias

La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó ante la justicia y solicitó ser parte querellante en la causa que se investiga por presunto lavado de dinero a la empresa Iron Mountain. Lo hizo ante el juzgado en lo criminal de Sergio Torres, donde tramita el expediente. La causa surgió de una denuncia de la AFIP, a raíz de las operaciones financieras sospechosas que detectó sobre el patrimonio de la empresa.

La presentación con la que la oficina antilavado solicitó participar de la causa se basó en siete puntos. La compañía Iron Mountain Argentina SA tiene “como únicos accionistas” a dos firmas constituidas en el extranjero y radicadas en la Argentina “al sólo efecto de ser tenedoras de esas acciones”. Un informe de la UIF al que accedió Infojus Noticias explica que “tal operatoria pareciera responder al propósito de enmascarar al titular real de los fondos y el origen de los mismos”.

Las dos sociedades que son dueñas de Iron Mountain en Argentina, tienen base en dos jurisdicciones “que dificultan correr el velo societario y conocer a los socios de las empresas jurídicas implicadas”. Se trata de Islas Caimán y Luxemburgo, dos paraísos o cuevas fiscales “muy permeables al lavado de activos”.

El documento de la UIF destaca que “la firma no genera utilidades, a pesar de contar con un importante plantel de empleados, depósitos y clientes en el país”. La AFIP había analizado el mismo punto, y evaluó que el patrimonio neto de la firma aumentó en forma sistemática desde 2008 a partir de inyecciones de capital provenientes de las firmas controlantes y de la capitalización de intereses de un préstamo que está bajo sospecha.

Ese préstamo que une a la empresa controlante con la sede argentina está detallado en el informe de la unidad antilavado. La UIF detectó que “Iron Mountain Argentina SA cuenta con el ingreso de fondos de un préstamo intercompañía, celebrado con Iron Mountain Switzerland GMBH de Suiza”. Los préstamos entre casas matrices y filiales son una figura muy controvertida en la regulación financiera, que muchas veces ocultan transferencias espurias de capitales bajo la apariencia de un empréstito interno de la compañía.

“¿Cuál es la lógica comercial y financiera que lleva a sostener una empresa que no genera utilidades, aumenta su patrimonio neto, sostiene un numeroso personal y requiere la permanente inyección financiera de un préstamo con origen en paraísos fiscales?” señaló la AFIP en la denuncia original. La UIF se suma a la sospecha, y agrega que la entidad bancaria a través de la que se canalizó la operatoria es el HSBC, “entidad financiera seriamente cuestionada por multas aplicadas en nuestro país y en el exterior por lo cumplir con la normativa para la prevención del lavado de activos”.

La UIF también reveló en su denuncia que los representantes de Iron Mountain son en realidad empleados en relación de dependencia que no reciben órdenes de los directorios de las empresas que representan. Sus instrucciones provienen de la casa matriz de Estados Unidos y de la sede inglesa de Iron Mountain, desde donde se controla el grupo empresario multinacional.

La entidad dirigida por José Sbattella mencionó en su escrito los siniestros anteriores que sufrieron las distintas sedes del grupo Iron Mountain, ocurridos en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra en 1996 y 1997, y en Italia en 2011. Al respecto, aclaró que en el incendio del depósito en el barrio porteño de Barracas se destruyó “valiosa información financiera de diversas entidades bancarias entre las que se destacan el BNP Paribas y el JP Morgan Chase Bank, las cuales se encuentran investigadas por el presunto delito de lavado de dinero en nuestro país y en el exterior”.

La destrucción de archivos alcanzó a 1206 cajas de material, de las 2554 que almacenaba. Ocho de esas unidades correspondían al área de “clearing” bancario, y otras cinco tenían información relativa a transferencias internacionales, “incluidas transacciones con entidades relacionadas con BNP Paribas en Islas Caymán”. Unas 251 contenían información de comercio internacional. A partir de esos datos, la UIF consideró que serán de interés las conclusiones a las que arribe la investigación por el siniestro, que transcurre en el juzgado criminal de Pablo Ormaechea.