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Diez juicios por delitos de lesa humanidad ya obtuvieron sentencia en Tucumán. El número once se encuentra en su etapa final y este miércoles se desarrollaron los alegatos de la parte acusadora. Se trata del primer debate oral y público contra un ex juez federal que se realiza en la provincia, por lo que reviste una particular importancia.

Los primeros en exponer los argumentos fueron María Alejandra Romero Nicklison y Emilio Guagnini, ambos representantes de la querella de María Alejandra Romero Niklison,  Gerardo Romero y Lucía Romano. Los abogados solicitaron la pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo y en cárcel común para Manlio Torcuato Martínez. Martínez fue nombrado juez federal en apenas iniciado el Operativo Independencia y no fue ratificado en su cargo cuando se recuperó la democracia.  El Operativo Independencia fue el período que precedió al golpe de Estado y en el que el secuestro, las torturas y las desapariciones de personas se sistematizaron y se perfeccionaron como partes de un método para la autodenominada lucha ‘antisubversiva’.

Todas las querellas y la fiscalía se refirieron a las palabras de Acdel Vilas, quien estuvo a cargo del Operativo, para quien los entonces nuevos miembros del poder judicial tenían que ser “personas de inequívoca ortodoxia”.

A Martínez se lo vincula a la masacre de la calle Azcuénaga al 1800. Allí asesinaron a cinco militantes montoneros y más tarde se secuestró al propietario de la casa, Miguel Romano. Los cargos que se le imputan son por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia, en carácter de partícipe, en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. También por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Romano. Y, finalmente, está imputado por haber sido miembro de una asociación ilícita.

Durante su alegato, el abogado Emilio Guagnini recapituló los diferentes testimonios que indicaron que el imputado no solamente se negaba a tomar las denuncias por las torturas recibidas en los centros clandestinos de detención, sino que también llegó a amenazar a algunos de ellos con enviarlos, nuevamente, a esos lugares si se negaban a firmar declaraciones falsas. “El accionar ilegal no tiene que ver solamente con lo ocurrido en calle Azcuénaga, sino que todo su accionar era conducido con el fin de garantizar la impunidad de los represores”, señaló Guagnini. “Está probado que el doctor Manlio Martínez, que ostentaba el cargo de juez omitió las investigaciones de los hechos ocurridos en calle Azcuénaga”, dijo a su turno Alejandra Romero Nicklison. “Esas omisiones fueron realizadas a conciencia”, enfatizó la mujer que representa también su propia querella ya que es hija de una de las víctimas en esta causa.

La incompetencia como excusa

El ex magistrado, cada vez que pudo hacer uso de la palabra, excusó su falta de investigación de los homicidios en la incompetencia de su rol. Sin embargo, los letrados señalaron que no existe ninguna declaración formal de incompetencia que date de aquellos años ni remisión alguna a la justicia militar de estas investigaciones. Lo que sí hubo, destacaron los querellantes, fue un claro accionar en contra de Miguel Romano, el propietario de la vivienda. Romano se había presentado días después de la masacre, con la documentación en la que constaba que una de las víctimas era su inquilino. Miguel Romano no solo fue detenido sino enviado, por el mismo Martínez, al centro clandestino de detención que funcionaba en la ex Jefatura de Policía. Incluso, apuntaron los abogados, el ex magistrado hizo oídos sordos a las advertencias de los padecimientos psiquiátricos de Romano.

Luego fue el turno de los abogados Bernardo Lobo Bougeu y de Pablo Gargiulo quienes tienen a su cargo una doble representación: por un lado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por el otro por la querella particular de María Delina Romano y Silvia Patricia Romano. Gargiulo se refirió a la incorporación y el mantenimiento de Manlio Martínez a lo largo de los años de dictadura. “¿Por qué lo mantuvieron a Martínez todos esos años?”, preguntó mirando de frente al imputado Gargiulo. “¿Porque era un obstáculo, un escollo al poder militar?”, continuó el abogado. “No”, contestó contundentemente, “porque era su cómplice”, concluyó.

Por su parte, Bernardo Lobo Bougeu habló del accionar de otros jueces y dejó claro que había opciones más allá de convertirse “socio de la dictadura” y tras solicitar la pena de 25 años y de 18 años de acuerdo a cada una de las querellas que representa, dedicó unas palabras de reconocimiento a la lucha y el compromiso de las mujeres, en general y de María Alejandra Romero Nicklison en particular. “Gracias por perseverar, gracias por no claudicar a pesar de tantos años”, dijo ante el emocionado aplauso de la audiencia.

La fiscalía está compuesta por el fiscal N°2 coordinador de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Pablo Camuña; el fiscal general Diego Velasco y el fiscal ad hoc, Agustín Chit. “Entre 1974 y 1983 se presentaron 842 habeas corpus en la justicia de Tucumán. Todos los habeas corpus fueron rechazados”, consigno Camuña. El fiscal empezó haciendo un recorrido por las vicisitudes por las que atravesó la causa que fuera juzgada en el año 2011 y que fuera conocida como Romero Nicklison. Causa por la que fueran condenados Roberto Heriberto Albornoz y Luciano Benjamín Menéndez y de la que se desprende la actual por la que se está juzgando al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez.

La pena máxima

 “No fue un títere, él quiso pertenecer a esta asociación”, advirtió Agustín Chit al referirse al delito de asociación ilícita por la que está siendo juzgado Martínez. “Todavía no se había ido Santos y él (por Martínez) ya estaba gestionando su cargo”, dijo haciendo referencia a los viajes a Buenos Aires y las reuniones que mantuvo el ex magistrado antes que  Jesús Santos fuera obligado a renunciar al cargo de juez federal.

Después de un extenso y pormenorizado análisis de las pruebas producidas a lo largo de las audiencias, los fiscales solicitaron la pena de 25 años, la máxima establecida por el Código Penal en este tipo de delitos considerados, además, de lesa humanidad en el marco del genocidio. También solicitaron que al ex magistrado se le retiren los beneficios jubilatorios por ese cargo, atendiendo a que no fuera ratificado en él durante la democracia. Además se pidió que se realice un examen médico a fin de determinar las condiciones de salud del imputado para que cumpla la condena en un penal que cuente con las condiciones necesarias para su atención.

La audiencia continuará este jueves a partir de las 15.30 con el alegato de la defensa y se espera que la sentencia a cargo de los jueces Norberto Cataldi, José Asis y Mario Garzón se conozca el día 12 de junio en horas de la mañana.

GC/AF