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El juicio contra el empresario Gerardo Díaz Ferrán por presunto delito fiscal en relación a la compra de Aerolíneas Argentinas culminó hoy con el alegato de la defensa, que insistió en que no hubo ánimo de defraudar, contrariamente a lo que sostiene la acusación.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado ratificaron el viernes su pedido de 2 años y 4 meses de prisión para Díaz Ferrán y Antonio Mata, ex consejero delegado de Air Comet, la sociedad del grupo Marsans que en 2001 adquirió Aerolíneas Argentinas, que era de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales).

Los procuradores sostienen que Air Comet registró un incremento patrimonial en 2001 derivado de la adquisición de Aerolíneas algo que fue ocultado en sus cuentas, y por lo tanto no fue liquidado en el impuesto de Sociedades del año 2002.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público reclama el pago de una indemnización de 99 millones de euros, el equivalente a la cuota que debían pagar a Hacienda.

En la última sesión de la audiencia, Díaz Ferrán renunció a hacer uso de la última palabra mientras Mata reivindicó su inocencia.

"Me considero absolutamente inocente del delito que se me imputa", afirmó Mata, quien durante todo el juicio se mostró convencido de que no había nada incorrecto en la operación de compra de la aerolínea de bandera argentina y que nunca hubo ánimo de incumplir presuntas obligaciones con el fisco español.

En 2001, Díaz Ferrán y su ex socio Gonzalo Pascual -fallecido en 2008- compraron Aerolíneas Argentinas (ARSA) a la SEPI por un valor simbólico de 1 dólar; y siete años más tarde, cuando la compañía perdía un millón de dólares al día, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la reestatizó.

Por su parte, la SEPI se había hecho con el 99,2% de las acciones de Interinvest, titular de Aerolíneas y Austral, que afrontaba enormes pérdida tras la gestión de la compañía por parte del consorcio Iberia, que a su vez había comprado la aerolínea de bandera argentina en 1990.

En la operación de venta de Interinvest, la SEPI se hizo cargo del pasivo de la compañía por 300 millones de dólares y aportó otros fondos a un plan industrial, en una compleja operación que incluyó la compra de créditos de los proveedores de Aerolíneas por parte de Air Comet, que a su vez se comprometió a destinarlos a la ampliación del capital de la aerolínea de bandera argentina. De las exposiciones de peritos y abogados se deduce que existió (o no) delito fiscal en función de si el dinero que SEPI entregó a Interinvest y Air Comet usó para comprar los créditos, Air Comet lo recibió como donación o como un préstamo de Interinvest.

La defensa argumenta que fue un préstamo y que en todo caso si hubiese sido una donación se trata de una "donación condicionada", puesto que los fondos estaban sujetos al compromiso que Air Comet los aportara a la capitalización de Aerolíeneas Argentinas.

En definitiva, el argumento jurídico es que si los fondos están condicionados no son una donación.

Nicolás González Cuella, abogado de Díaz Ferrán argumentó que si la operación no tenía trascendencia fiscal en 2002, cuando se declaró, tampoco la tenía en 2001, como asegura la acusación. El letrado dijo que Díaz Ferrán y Pascual compraron Aerolíneas cuando era un "pozo sin fondo", y costaba al Estado español entre 40 y 42 millones de euros mensuales, y lograron reflotarla, con beneficios hasta que fue expropiada por el gobierno argentino. La expropiación, según indicó, supuso la ruina del grupo Marsans.

Por su parte, el defensor de Mata, Adolfo Carretero, dijo que los fondos de SEPI fueron préstamos y en ningún caso una "donación". En la misma línea, señaló que el ente controló la operación de compraventa en todo momento, por lo que Air Comet "tenía claro" que no tenía que hacer frente a consecuencias fiscales.

Ambos defensores hicieron hincapié en que hubo ausencia de dolo, una cuestión clave en delito fiscal.

En su opinión, si Air Comet hubiese sabido que debía pagar al fisco hubiese pedido más dinero a la SEPI, ya que la intención en todo momento fue controlar el concurso de acreedores para conseguir una quita y así salvar el patrimonio de Aerolíneas.

Por el contrario, tanto el fiscal Miguel Ángel Carballo como la Abogada del Estado Lucía Pedrero señalaron que Air Comet ocultó deliberadamente su incremento patrimonial derivado de la adquisición de los créditos de los acreedores de Aerolíneas, con la intención de defraudar.

Tras escuchar a las conclusiones de la defensa y ofrecer el uso de la última palabra a los acusados, el juez José María Vázquez Honrubia declaró concluido el juicio.

Al inicio del juicio, Díaz Ferrán y Mata aseguraron que no competieron ningún delito y que en los últimos trece años Hacienda tampoco les reclamó nada.

Díaz Ferrán se encuentra en prisión provisional desde diciembre de 2012 en relación con otra causa derivada de la quiebra de Viajes Marsans, la conocida como "Operación Crucero".

Justo hoy, el otrora influyente empresario y presidente de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) fue procesado por delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir el pago de acreedores de Marsans.

Según la imputación del magistrado Eloy Velasco, Díaz Ferrán cobró 1,06 millones de euros del empresario Ángel de Cabo -también en prisión- en pagos mensuales de 100.000 euros procedentes del vaciamiento de la compañía, que había sido adquirida por este último, quien se dedicaba a liquidar empresas.