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El ex presidente Carlos Menem siguió por video conferencia, desde su domicilio de Capital Federal, el alegato de la fiscalía que pidió para él una condena a seis años de prisión por el delito de peculado. Lo consideran el “responsable máximo” de instaurar “un sistema de sustracción” de fondos reservados de la SIDE para distribuirlos de manera “clandestina” entre sus ministros y secretarios, durante sus dos presidencia. Y solicitaron al Tribunal Oral Federal 4 que dé intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación para que inicie una demanda para recuperar 466 millones de pesos/dólares involucrados en la maniobra.

En la sala, ante los jueces del Tribunal Oral Federal 4, el ex ministro Domingo Cavallo escuchó que para él los fiscales Diego Velasco y Stella Maris Scandura pidieron que se lo condene a cinco años de prisión. En su caso, la fiscalía consideró probado que realizó un “aporte técnico” para decidir “cómo se implementaría” el pago mensual de sumas “en negro” que cuadriplicaban los sueldos de ministros y secretarios.

En el debate, los jueces Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi y Patricia Mallo, buscan determinar si el ex presidente y su entonces ministro de Economía, implementaron y ejecutaron un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos destinados a tareas de Inteligencia para entregar ese dinero en efectivo a los funcionarios. Durante nueve años del gobierno de Menem, ese dinero habría sido distribuido entre “todos” los ministros y secretarios.

En este juicio, solo deberán responder por esto la entonces secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, su subsecretario Eduardo Kaplan y los ex ministros de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Para Granillo Ocampo y la ex secretaria Alsogaray la fiscalía pidió cuatro años de prisión como partícipes del delito de peculado. El entonces ministro de Defensa Oscar Camillión estuvo imputado en esta causa, pero fue apartado por cuestiones de salud.

"Hay que empezar a declarar el sobre"

Según un informe incorporado al debate, el sistema de pagos “clandestinos” que implementó Menem, fue blanqueado en una “mínima” parte en 1994; cuando desde la cartera de Hacienda se indicó que debían registrarse como “gastos protocolares”. En su descargo, durante el juicio, Cavallo atribuyó a otro ministro la idea de blanquear en parte el dinero que los funcionarios retiraban, en efectivo, en la secretaría de Presidencia primero y en la Jefatura de Gabinete después, o en el quinto piso del ministerio de Economía.

La decisión habría sido comunicada en una reunión de todo el gabinete, relatada por la ex secretaria de Medio Ambiente en el juicio donde fue condenada por enriquecimiento ilícito, en año 2004. Según, dijo entonces Alsogaray, en esa reunión Cavallo les habría dicho “hay que empezar a declarar el sobre”.

A partir de datos de la investigación, la fiscalía estimó que, entre 1991 y 1999, cada ministro menemista habría recibido en una primera etapa 100.000 y luego 50.000 pesos/dólares mensuales, sin ningún tipo de control. Y que los secretarios habrían percibido irregularmente, primero 40.000 y luego 20.000 pesos/dólares mensuales, también de manera irregular.

La fiscal Stella Maris Scandura, citó una frase del propio Cavallo, en una de sus indagatorias: “todos, absolutamente todos cobraban los gastos protocolares en efectivo”. A lo largo del juicio, el propio Cavallo y las defensas sostuvieron que el pago estaba justificado, asegurando que los funcionarios del gobierno menemista percibían salarios bajos en relación al personal de carrera.

Esa hipótesis fue descartada por la fiscal Scandura que, como ejemplo, mencionó que, en uno de los períodos involucrado el sueldo básico, en la categoría más alta del personal de carrera era de 810 dólares/pesos; mientras que el sueldo más bajo de un funcionario político era de 1.420 dólares/pesos.

Se engrosaron los fondos reservados

La fiscalía aseguró que para garantizar esos pagos, durante el gobierno de Menem, los fondos reservados se incrementaron de manera “exponencial” de dos maneras. En principio, eran cuatro los organismos autorizados ejecutar esos recursos: la presidencia, y los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, y la SIDE (que manejaba el 70% de total de ese dinero); pero, durante el gobierno de Menen se incorporaron otras áreas no autorizadas legalmente, como el ministerio de Justicia.

La otra modalidad implicó la reasignación para fondos reservados, de partidas presupuestarias inicialmente previstas, por ejemplo, para la realización de obras públicas. “A partir del 1989 se aumentaron los fondos reservados”, aseguró la fiscal Scandura y lo ejemplificó: en 1990 los fondos reservados alcanzaron los 90 millones de pesos/dólares; en 1991 llegaron a 197 millones de pesos/dólares;  en 1992 pasaron a 207 millones hasta superar los 300 millones de pesos/dólares en 1999.

El delito: peculado

Las defensas de los funcionarios, durante el debate, intentaron justificar los pagos alegando que se trataba de una suerte de compensación salarial para funcionarios que tenían sueldos menores que los de los empleados de carrera en la administración pública. “Había recibos de sueldos de 3.600 pesos/dólares en bruto”, explicaron los investigadores. Consideran a esto como una maniobra para eludir la acción penal, al intentar hacer pasar los pagos como un fin lícito.

Plantear esto como fondos lícitos les permitiría insistir en la calificación de estos hechos como “malversación de fondos públicos” (desvío de dinero público con fines lícitos); que los dejaría en condiciones de plantear la prescripción del delito, poniendo en discusión la existencia misma del debate. Sin embargo, la acusación sostiene que se implementó, mantuvo y acrecentó un “sistema de pagos ocultos y clandestinos” con fondos reservados que escapaban a cualquier control. La imputación corre entonces por el delito de peculado, porque los funcionarios se habrían apropiado de este dinero para un beneficio exclusivamente personal.

El alegato de la fiscalía se produce luego que, hace una semana, la Oficina Anticorrupción (OA), que actúa como querellante, formulara su acusación y pedidos de penas.  La OA pidió cinco años y medio de prisión para Menem, 4 años y medio para Cavallo y 3 años y medio de prisión para Alsogaray y Granillo Ocampo. En las próximas semanas será el turno de los alegatos de las defensas, ante los jueces del TOF4. 

MB/LC