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Cuando la policía y los operadores judiciales se llevaron a sus tres hijos de 3, 10 y 11 años Andrea Vázquez estaba trabajando en su consultorio. Los sacaron de su casa delante de la niñera que no pudo hacer nada para evitarlo. Andrea había denunciado al padre de los nenes porque los maltrataba y abusaba de ellos. La denuncia se volvió como un boomerang contra ella. Los jueces Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora firmaron el amparo judicial para ese operativo violento y le impidieron contactarse con sus hijos. Hace dos años que no viven más con ella.

Ahora los trss magistrados enfrentarán un juicio político. Se trata de María Silvia Villaverde,  Enrique Quiroga y Roxana del Río. Están acusados de proteger a padres con denuncias y obligar a los niños a “revincularse” con su padre abusador o maltratador. Hasta hace poco los jueces integraban el Tribunal de Familia N° 3, después de una reforma judicial, cada uno quedó a cargo de un juzgado de Familia. El Jurado de Enjuiciamiento, encabezado por el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Daniel Fernando Soria, votó de manera unánime la apertura del jury.

A los hijos de Andrea Vázquez se los llevaron el 2 de octubre de 2012. En dos años ella pudo ver a los chicos nada más que 8 horas. “Es inexplicable por qué sigo sin ver a los chicos con un impedimento de contacto. Celebramos el jury porque es histórico pero llegó antes que la resolución de mi caso”, dijo a Infojus Noticias la madre de los tres niños. En su casa de Adrogué, Andrea dejó las habitaciones de sus hijos tal cual la dejaron el día que los llevaron. Por toda la casa hay juguetes y libros infantiles. También están las fotos con su mamá. Faltan ellos, a quien Andrea no puede ver ni siquiera para sus cumpleaños.

Las dos denuncias que empujaron el jury fueron encabezadas por el abogado Juan Pablo Gallego en 2012, el mismo que logró poner tras las rejas al cura Julio César Grassi por abuso sexual. Hace dos años, como representante de dos madres, denunció a Villaverde, Quiroga y a Roxana del Río ante la  Suprema Corte de Justicia de la Provincia y los acusó ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, actos incompatibles con la función judicial y grave conculcación de derechos de niños establecidos por la Convención Internacional de Derechos del Niño. Gallego representa a Andrea Vázquez y a otra mujer, sin embargo, se comprobó que hay un total de 7 casos más en los que se denuncia a los mismos jueces. “Llegamos a juicio político los que tenemos recursos y pudimos contratar un abogado que pueda ir a La Plata”, explicó Andrea.

Los jueces del SAP

Los amparos de los jueces contra las madres y a favor de los varones seguían un patrón. Se extraían a los chicos de su centro de vida y se establecía un perímetro de no acercamiento para las madres. Gallego dice que para esos operativos Villaverde ponía en marcha su “grupo de tareas”. “Sus famosas medidas cautelares ordenaban cambios de tenencia repentinos y violentos. Los niños, contra su voluntad, eran arrancadas de sus hogares en operativos policiales, algunos con intervención del Grupo Halcón. Se aniquila el vínculo materno-filial”, contó Gallego a esta agencia.

Según el abogado, el aceitado mecanismo incluía el trabajo de dos psicólogas no matriculadas, a las que encomendaba la “deprogramación” de los niños. “Para esa deprogramación –necesaria para la “nueva vida” coactivamente impuesta a niños a los que se privó de su derecho a la identidad-, el grupo de Villaverde consideraba imprescindible evitar el contacto materno-filial durante años”, explicó Gallego.

Aunque no lo nombra en sus sentencias y medidas judiciales las decisiones de estos jueces se escudan en el Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría que no tiene ningún reconocimiento científico. Los funcionarios judiciales que comulgan con este paradigma sostienen que el niño desprecia a uno de sus padres por influencia del otro. Se trata de una excusa para no escuchar sus testimonios.

En el caso de los hijos de Andrea, los chicos contaron en distintas oportunidades que su padre los golpeaba y los torturaba poniéndolos en la bañadera con agua helada. Los jueces decidieron no escuchar el relato de los niños porque creyeron que estaban influenciados por su madre.

Hasta el jury los jueces operaban sin ningún impedimento. Andrea Vázquez y su abogado creen que estaban protegidos por la “familia judicial”.  “María Silvia Villaverde se autoproclamó blindada muchas veces. Es la cabeza visible del sector judicial reaccionario al paradigma de la protección integral, será sometida a juicio político, cuyo epílogo debería ser su destitución”, dijo Gallego.