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A un año de que jueces, fiscales, defensores públicos, empleados judiciales y académicos firmaran una solicitada por una "Por una justicia legítima", la ahora asociación civil que convoca a más de 3.000 personas en todo el país, reafirmó ese objetivo en un brindis que se realizó ayer en el Centro Cultural Caras y Caretas.

En su discurso de bienvenida, María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la asociación, lamentó que “los intereses reales se estén aprovechando de la corporación judicial que con sus vicios de ocultamiento y de cerrazón les permite moverse con más tranquilidad”.

La vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal explicó a Infojus Noticias que se refería al hecho de que “después de 30 años de democracia, en el Poder Judicial aún no hay publicidad de todo lo que pasa dentro”. Para la jueza, que estos mecanismos y que “los lobbies en el poder judicial” no se den a conocer como sucede con los otros poderes del Estado, ha permitido que “los poderes reales se abroquelen en el Poder Judicial”.

Por otra parte, la jueza destacó que “en un año de trabajo todavía queda mucho por andar, pero por lo menos dimos lugar a que se blanquera que hay gente interesada en que el poder judicial sea democrático”. “Somos muchos los que no queremos ser idiotas útiles, entender qué hay detrás de cada expediente, quién se beneficia y quién se perjudica en cada caso”.

Explicó la magistrada por ejemplo que la mora en las causas judiciales en el fuero laboral y el civil terminan beneficiando a los más poderosos. A la aseguradora que no tiene que afrontar los pagos en cuatro años o al patrón que no tiene que afrontar el pago de una indemnización al trabajador. “Esto se solucionaría si todos los procesos, incluidos los de los fueros civil y comercial –donde se producen las mayores demoras- fueran orales. En esos casos un proceso no tendría por qué demorar más de seis meses”, concluyó.

Más de 150 personas compartieron empanadas y vino en el festejo. Entre ellos, los miembros de la Comisión Directiva: Alejandra Gils Carbó -Procuradora General de la Nación- , Stella Maris Martínez -Defensora General de la Nación -, Alejandro Slokar - Cámara Federal de Casación Penal -, Alicia Ruiz - Tribunal Superior de Justicia Ciudad Autónoma de Buenos Aires- , Eduardo Freiler - Juez de Cámara Federal-, Javier De Luca - Fiscal de Cámara Federal Casación Penal- y Mario Kestelboim - Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -, entre otros. El encuentro contó también el acompañamiento de referentes de la sociedad civil como Hebe de Bonafini, Raquel Witis, la periodista María Seoane y Héctor Recalde, junto con académicos, jueces y funcionarios de la Justicia Nacional y Federal.

Previo al brindis la organización repasó el primer año de trabajo conjunto. En un breve documento dejaron señalado que “la ansiada democratización del Poder Judicial, que pretendió iniciarse con las seis leyes sancionadas a principio de año, no parece destinada a concretarse”. Y enumeraron las distintas trabas que a través de distintas resoluciones y fallos judiciales impide la plena aplicación de estas leyes.

En apretada síntesis: la acordada de la Corte Suprema de Justicia Nacional que dispuso que no se “aplicaría la ley que dispone la publicación de las declaraciones juradas de los jueces”, la que “suspendió el procedimiento casatorio hasta que existan las cámaras pertinentes” o “la modificación del régimen de las medidas cautelares, contra la que se presentaron múltiples amparos para neutralizar la ley, los que se desarrollan con diversas suertes”, entre otros.