“En estos 15 años cuando intervenimos en las expropiaciones vemos que la justicia llega cuando intentan desalojarnos, de la mano con el aparato represivo”, adelantó a Infojus Noticias Eduardo Vasco Murúa, cooperativista de la Industria Metalúrgica Plástica Argentina (IMPA)
¿Existe una justicia para los trabajadores? Hoy a las 18 los integrantes de la cooperativa Industria Metalúrgica Plástica Argentina (IMPA) intentarán responder a esta pregunta en una mesa en la que invitaron a la presidenta de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori; a Sebastián Tedeschi secretario de la Defensoría General de la Nación y al ex titular de la Oficina Anticorrupción José Massoni.
La metalúrgica que fue una de las primeras fábricas recuperadas por sus trabajadores en el marco de la crisis de 2001 pero aún su seguridad jurídica pende de un hilo. El pasado 17 de septiembre Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de queja presentado en 2010, después de que la Sala A de la Cámara Comercial, con los jueces Elsa Uzal, Isabel Míguez y Alfredo Kolliker Frers, declararan la inconstitucionalidad de la expropiación de la fábrica. Los magistrados entendieron no hay agravio federal suficiente como para expedirse sobre el caso.
En la mesa en la que participarán los integrantes de Justicia Legítima también intervendrán Marcelo Castillo y Eduardo Vasco Murúa, miembros de la cooperativa IMPA. Anticipando lo que esperan discutir con los referentes judiciales Murúa explicó a Infojus Noticias que “lamentablemente, en estos 15 años cuando intervenimos en las expropiaciones vemos que la justicia llega cuando intentan desalojarnos, de la mano con el aparato represivo. Hasta entonces, hay despidos injustificados, mal trato laboral, trabajo en negro pero la justicia no está”.
El abogado que desde hace 15 años participa de la gestión de la recuperada también reconoce que “hay diferentes jueces y no todos fallan en el mismo sentido”. Murúa explicó que si bien la mayoría de las recuperadas cuentan con leyes de expropiación aprobadas por las legislaturas (de la ciudad de Buenos Aires y provinciales), “salvo 6 ó 7 el resto están en un limbo judicial”. El proceso de expropiación no está firme en la justicia y en estos 15 años “no se hicieron modificaciones en el marco legal que ayuden a la recuperación.
En el caso de IMPA tras conocerse la resolución de la Corte, los trabajadores le pidieron una nueva audiencia al juez que interviene en la causa, al que no ven desde hace cuatro años. Y esperar una solución política a través de una nueva ley de expropiación a tratarse en la legislatura porteña, pero cuyos plazos “esperan” sean definitivos y no temporarios.