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El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció en conferencia de prensa que la Argentina depositó hoy más de mil millones de dólares en concepto de pago a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda. La suma corresponde en su mayoría a los vencimientos de capital e intereses del bono Discount, que Argentina emitió en los canjes de 2005 y 2010. 

Kicillof destacó que el pago se realizó “en cumplimiento del contrato con los tenedores que adhirieron al canje”, y explicó que “no pagar, teniendo los recursos, no está contemplado” ni en la legislación nacional, ni en el prospecto del acuerdo de deuda –los contratos de canje a los que adhirieron el 92,4 por ciento de los tenedores de bonos en default–.

El ministro leyó un comunicado en el que enfatizó que los “dueños” de los fondos depositados por la Argentina son “los bonistas que aceptaron la reestructuración de deuda”, y advirtió a la justicia estadounidense que cualquier medida judicial sobre esos fondos afecta el legítimo derecho a cobrar de esos bonistas. La aclaración es porque el juez Thomas Griesa no respondió la solicitud argentina de restablecimiento del “stay”, la medida cautelar que protegería a estos pagos de un posible embargo. 

“No cabe duda de la parcialidad del juez Griesa a favor de los fondos buitre”, afirmó Kicillof. Con sus declaraciones, se anticipó a un posible embargo del dinero en favor de los fondos buitre. Advirtió a los Estados Unidos por los actos de su Poder Judicial, y abrió la posibilidad a un reclamo ante los tribunales internacionales, donde se haga responsable al país del norte en caso de que se vulneren los derechos de los bonistas o se impida a la Argentina cumplir con sus obligaciones de pago.

El ministro anunció que se publicará una solicitada en los medios internacionales, explicando la decisión argentina y su posición ante el litigio. Destacó que la Argentina “cumplirá sus obligaciones de pago” para terminar con el “modo sofisticado con que intentan ponernos de rodillas ante usureros de carácter global”.

“Acatar una sentencia no puede exigir el incumplimiento de las obligaciones asumidas”, expresó. Y calificó de “antojadiza y absurda” la interpretación que la justicia estadounidense realizó de la cláusula “pari passu”, eje del litigio en los tribunales. Adjudicó esa interpretación, y la “violación” de la norma de Inmunidad Soberana a la intención de Griesa de “llevar a la Argentina a un default”.

Kicillof sostuvo que se impone una “cerrada negativa a un diálogo en condiciones justas para el cien por ciento de los acreedores”. Expresó que con el nuevo pago, la Argentina demuestra su intención de cumplir con sus obligaciones, y anticipó que pretende hacerlo con el cien por ciento de los acreedores, pero “en condiciones justas, equitativas y legales”.