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La reunión que mantuvieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el abogado Daniel Pollack, finalizó minutos después de las 19 (hora argentina). El encuentro se desarrolló en el piso 27 del edificio ubicado en el 245 de Park Avenue, en la ciudad de Nueva York, en las oficinas de Pollack. Y se extendió por más de cuatro horas. La comitiva argentina se fue sin dar declaraciones. Economía emitió un comunicado en el que se asegura que "la sentencia de Griesa, tal cual se interpreta, sería de imposible cumplimiento".

El comunicado del ministerio sostiene: "En el día de la fecha el Ministro de Economía ha mantenido una extensa reunión en la ciudad de Nueva York con el mediador designado por el Juez Griesa, Daniel Pollack. En dicho encuentro, Kicillof expuso pormenorizadamente la posición de Argentina en el litigio con los fondos buitres, el origen de los títulos de deuda en discusión (megacanje), las causas del default de 2001 y las numerosas y efectivas medidas que se tomaron desde 2003 a la fecha para normalizar las relaciones financieras internacionales del país.

Se dejó en claro que la sentencia de Griesa, tal cual se interpreta sería de imposible cumplimiento; que reponer el stay sería necesario ya que el caso involucra no sólo a los litigantes, sino que también se podría extender a todos aquellos bonos que no ingresaron a los canjes; y que obstaculizaría el cobro a los tenedores de los canjes 2005 y 2010.

El Ministro reiteró la voluntad de Argentina de seguir dialogando para asegurar condiciones justas, equitativas y legales, lo que implica contemplar los intereses del 100% de los bonistas."

Kicillof y equipo

A las 14.16 la camioneta negra de la delegación del Ministerio de Economía estacionó unos segundos frente al edificio para que baje el ministro y el resto de la comitiva. La prensa argentina e internacional se abalanzó sobre ellos, luego de una guardia de más de una hora bajo el sol y 30 grados que calientan el cemento de esta zona del midtown neoyorkino.

Kicillof entró a la oficina de Pollack, el mediador nombrado por el juez Thomas Griesa para que arbitre las negociaciones entre el Gobierno argentino y los fondos buitre, esos que quisieron quedar por fuera de las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 y ahora exigen el pago en efectivo del 100 por ciento del precio de los bonos, unos 1500 millones de dólares.

La delegación entró sin hacer declaraciones al piso 27 de las oficina de Park Avenue, donde Pollack tiene su despacho. "Después vemos", fueron las únicas palabras de Kicillof a los periodistas. El encuentro fue a puertas cerradas. Los demandantes, a quien Griesa dio la razón, como los fondos NML Capital o Aurelius, no estuvieron presentes.

Junto al ministro de Economía se encuentra el secretario de Finanzas, Pablo López; el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Federico Thea; y el subprocurador del Tesoro de la Nación, Javier Pargament.

López está especializado en Historia económica y mercado de capitales. López había sido designado en el directorio del Banco Central, como representante de Ministerio de Economía cuando estaba Mercedes Marcó del Pont al frente del organimo. Eso le permitía ver de cerca decisiones de política monetaria.  Antes de estar en Economía pasó por Cancillería y formó parte del CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino) que creó Kicillof hace unos años. Thea es abogado con orientación en derecho administrativo y master en Derecho de la University College London (2011)

Pago “justo, equitativo y legal”

La semana pasada, tanto en el encuentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) como en la conferencia de prensa en el marco de los Precios Cuidados, Kicillof hizo referencia a las garantías que exigiría de una negociación. Desde el Gobierno solo acordarán un mecanismo de pago “justo, equitativo y legal” que permita cerrar definitivamente el proceso de judicialización de toda la deuda con los holdouts, pero a su vez evitar que, por la cláusula RUFO, se generen demandas del resto de los acreedores. La norma establece que los fondos que negociaron tienen derecho a aceptar la mejor oferta posible. De no evitar que se aplique, el Gobierno argentino debería enfrentar un pago total de más de 120 mil millones de dólares.

 “Los contactos no necesitan esperar a la próxima semana. Estamos listos para reunirnos con el señor Kicillof durante su visita a Washington y negociar sin precondiciones”, había provocado Jay Newman, administrador de Elliott Management, la cara visible en el mercado del fondo buitre NML Capital.

“Argentina no quiere ser un caso de estudio de cómo una decisión absurda sufrió un pueblo y una nación”, dijo Kicillof, en su discurso en Washington ante la OEA el jueves pasado. Allí Argentina cosechó apoyo de todos los países miembros – menos de Estados Unidos y Canadá- que firmaron un documento dando su respaldo y advirtiendo del peligro que significaría para el resto de los Estados que Argentina tuviera que pagar en las condiciones que pretenden los buitres. Organismos internacionales ya han estudiado estas situaciones para establecer modalidades de restructuración de deuda “para que no sean un camino sin final”. 

Todos contra el BoNY

Además de la puesta en marcha de una negociación “justa, equitativa y legal” con los fondos buitre, un tema que estará de fondo es el congelamiento de los pagos ordenados por el juez Griesa al Bank of New York. El 29 de junio, un día antes de que venciera el plazo, el Gobierno argentino depositó 539 millones de dólares para pagar a sus acreedores. Primero amenazando con un embargo de los buitres, finalmente  prohibiendo el giro, el juez  neoyorquino impidió que ese dinero llegara a destino.

“Argentina pagó en tiempo y forma. Depositó, sin ninguna particularidad, como lo hace siempre, al día del vencimiento”, reiteró ayer Kicillof. “Lo que ocurrió después es una situación bastante desconcertante e insólita: aquellos que tienen que ejecutar, no el pago, porque eso ya lo hizo Argentina, sino instrumentar el cobro de los bonistas no lo hicieron”, dijo Kicillof el jueves. Por eso mismo el Gobierno intimó al Bank of New York Mellon y a Euroclear para que procesen los pagos.

El funcionario explicó que “ahora hay un conflicto entre los bancos, los bonistas de la reestructuración y los fondos buitre”. A la intimación legal del Gobierno, al BoNY se le suma las demandas ya iniciadas por empresas como los acreedores que ingresaron al canje de deuda como los denominados Eurobondholders y el fondo Fintech, del magnate mexicano David Martínez –propietario del 40 por ciento de Cablevisión.

A su vez, los bonistas europeos ya recurrieron la semana pasada al poder judicial de Bélgica con acciones contra las entidades financieras que no procesaron los pagos que realizó la Argentina.

El Bank of New York Mellon comenzó a preparar su defensa ante el comienzo de litigios en su contra. Esta semana, la entidad buscará que el juez Thomas Griesa se expida al respecto.