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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 19 allanamientos simultáneos a empresa de taxis que contrataron a más de 450 choferes en condiciones irregulares y evadieron al menos 18 millones de pesos durante tres años en concepto de aportes y contribuciones previsionales. La investigación apunta a una asociación ilícita que montó 355 sociedades comerciales con el mismo domicilio y los mismos socios para ocultar la titularidad de las licencias de taxi.

El juez Javier López Biscayart, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1, ordenó el operativo en el marco de una causa en la que se investiga la maniobra de evasión denunciada por AFIP. En los allanamientos se pudo comprobar las condiciones irregulares en las que estaban contratados los choferes de taxi. La Dirección General de Recursos de la Seguridad Social del organismo recaudador, que es querellante en la causa, solicitó una serie de medidas para desarticular la maniobra.

El fiscal Germán Bincaz también interviene en la causa, que está bajo secreto de sumario. Se investiga también la participación de contadores y escribanos en la maniobra ilícita. Todas las sociedades comerciales tenían el mismo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, y el mismo objeto. Las presidía una persona, que transfería las licencias personales en favor de las sociedades. El delito de evasión de aportes y contribuciones prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión. Si hubieran intervenido testaferros, a los acusados les podría caber la pena agravada, que va de 3 años y medio a 9 años.

La investigación

AFIP detectó que había un gran número de choferes no registrados en la Obras Social de los Peones de Taxis de la Ciudad de Buenos Aires (OSPETAX), que no tenían aportes previsionales. El ente fiscal encontró que se habían creado sociedades para explotar licencias de taxis y que mantenían a los choferes sin registrar. Los designaban como socios para ocultar el vínculo laboral y les pagaban sus salarios “en negro”. De esa forma evadían el pago de las cargas previsionales.

AFIP señaló a cinco grupos de personas involucrados en la asociación ilícita, asesorados por un grupo de contadores y escribanos que podrían ser considerados partícipes del delito. Se estima que lograron evadir al fisco al menos 18 millones de pesos de aportes y contribuciones durante los últimos tres años. El dinero debía ingresar en las arcas de la seguridad social. Tras el operativo judicial, AFIP remitió reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que pueda profundizar la investigación.