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Baleado con seis tiros adentro de un auto. Así lo encontraron los vecinos a pocas cuadras del conventillo incendiado hace una semana en La Boca. Aún no se conoce el motivo del crimen. La fiscal Susana Calleja, de la Fiscalía de La Boca, fue esta tarde hasta el lugar. La causa ya fue instruida como homicidio y se investiga el posible vínculo con los incendios de la semana pasada.

Los vecinos no quieren hablar mucho, tienen miedo. Nadie vio nada o nadie quiso ver. El runrún de un ajuste de cuentas por el narcotráfico se hace cada vez más fuerte en el barrio de La Bombonera. El negocio inmobiliario y los desalojos del gobierno porteño son las otras variables de esta trama que se complejiza a medida que pasas los días.

La semana pasada el fiscal Juan Andrés Necol, que entiende en la causa del incendio, avanzaba sobre la hipótesis de que el incendio había sido intencional. Esperaba el resultado de las pericias de las cámaras de seguridad.

Pero el relato de los vecinos era uniforme. El domingo 13, los vecinos primero escucharon un tiroteo, una bomba molotov que estalló y después vino el fuego. Las llamas alcanzaron dos conventillos de la calle Carlos Melo al 500 (uno, en el 580 y el otro en el 586). Uno de ellos iba a ser desalojado en dos meses. Una situación habitacional precaria que se repite en decenas de las viviendas multifamiliares del barrio.

Once familias quedaron sin hogar después del primer incendio. El lunes pasado, mientras esperaban para velar a los dos hermanitos muertos, el barrio volvió a arder.

En la zona de La Boca hay casi veinte espacios con orden de desalojo. El viernes 4 de octubre se definió en el Juzgado Nacional N°1, a cargo de Gustavo Caramelo, un nuevo plazo para que el Gobierno de la Ciudad brinde una solución a las 16 familias que viven en uno de esos conventillos. La propiedad ubicada en la calle Ministro Brin fue comprada en un remate y las familias que la habitan pidieron ayuda a la Comisión Nacional de Tierras, ya que no tienen recursos para sustentar su vivienda en otro terreno.

El 18 de septiembre los vecinos de 17 conventillos en una situación similar a la de Ministro Brin organizaron el festival “No a los desalojos”, para reclamar por el patrimonio del barrio y el derecho a la vivienda. “Hay un proceso sistemático en el cual personas compran terrenos baratos y luego presentan órdenes para exigir su propiedad, sin tener en cuenta aquellos que vivimos en esos conventillos hace más de treinta años”, dijo a Infojs Noticias Antonio Yagaimini, habitante de uno de los terrenos que planean desalojarse.