Infojus Noticias

La fiscalía de juicio y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron hoy que se amplíe la acusación contra los represores que son juzgados en La Plata por delitos de lesa humanidad que se cometieron en el centro clandestino de detención conocido como "La Cacha", durante la última dictadura militar.

El fiscal del juicio, Hernán Schapiro, explicó a Télam que la solicitud de ampliar la acusación contra 19 de los 21 imputados, ya que se exceptuó a Miguel Angel Amigo y Luis Osvaldo Perea, "es por homicidio doblemente calificado contra la víctima Olga Noemí Casado, cuya identificación se produjo después de la acusación, en abril de 2012".

En tanto, la querella que representa a las Abuelas de Plaza de Mayo solicitó incluir la figura de homicidio en los casos de las embarazadas Laura Carlotto -hija de Estela, la presidenta de la emblemática entidad de derechos humanos- y Olga Noemí Casado.

Emanuel Lovelli, representante de Abuelas, explicó a Télam que "pedimos ampliar la acusación porque hay hechos nuevos que no fueron considerados (al momento de la elevación a juicio)".

"Ellas dos fueron víctimas de privación ilegítima de la libertad, de torturas y de homicidio", precisó y dijo que "en ambos casos las mantuvieron con vida hasta que tuvieron a sus bebés, para apropiárselos y luego asesinarlas".

"La señora Estela de Carlotto no había declarado en la instrucción. Ella declaró que en 1977 se reunió con (Reynaldo) Bignone a quien le solicitó que juzgaran a su hija y que en el caso de matarla le entregaran su cuerpo", precisó el abogado. Sostuvo que "toda vez que esta declaración fue prestada en el debate y no en la instrucción y toda vez que la reunión se produjo en 1977, nos permite tener por seguro que los imputados deben responder no sólo por la privación de liberad de Laura y por la aplicación de tormentos, sino por su homicidio".

Lovelli graficó que "Casado fue secuestrada en noviembre de 1977, fue llevada a La Cacha, dio a luz a su hija estando ahí en enero de 1978 y fue asesinada el 1 de marzo" y añadió que la hija de esa víctima "fue apropiada y recuperó su identidad en 2008". "En ambos casos hubo secuestro, torturas, mantención con vida hasta el parto y posterior asesinato", finalizó.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y se juzga a 21 imputados por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 135 víctimas, entre ellas siete embarazadas. "La Cacha" era un centro clandestino de detención ubicado en la Ciudad de La Plata y que estaba a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que en tiempos de la última dictadura cívico militar comandaba el entonces coronel Ramón Camps.