La Cámara Federal reprendió a Bonadío por negar el derecho a defensa
El juez federal Claudio Bonadío le había negado el acceso al expediente a la defensa de Romina Mercado, titular de la sociedad Hotesur. La Cámara de Apelaciones le ordenó que le permita ver la causa y dijo que el comportamiento del magistrado es "incompatible con la tarea de un juez".
Sol Vazquez
La Cámara Federal porteña ordenó al juez Claudio Bonadío que permita ver el expediente en la causa Hotesur a los abogados de las partes. Le reprendió haber afectado el “derecho a defensa de los acusados” y afirmó que su comportamiento en la causa es “incompatible con la tarea de un juez”. El tribunal intervino por una apelación del abogado Carlos Beraldi, representante de la presidenta de la sociedad hotelera Romina Mercado.
Mercado es sobrina de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner e integra la sociedad familiar investigada por Bonadío. El juez puso la lupa en la empresa por una demora en la presentación de documentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque contaba con los balances de los últimos ejercicios presentados.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal aceptó el planteo de Beraldi y señaló que “reiteradamente se ha alertado al juez de grado para que evite caer en el tipo de prácticas criticadas”. El tribunal cuestionó a Bonadío y sostuvo que al negarle a la parte acusada el acceso al expediente “provoca esencialmente un dispendio jurisdiccional incongruente con un buen servicio de justicia”.
Los magistrados definieron el accionar del juez federal como “incompatible con la tarea de un miembro del Poder Judicial de la Nación, quien tiene el deber de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales de los individuos y respetar el derecho de defensa de los acusados”. El fallo fue firmado por los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero el 23 de diciembre pasado pero se dio a conocer al concluir la feria judicial de enero.
Los magistrados establecieron que Beraldi “es parte en el presente proceso” y que “el sumario no transita una situación que, de modo excepcional y temporal, le impida el acceso a las actuaciones”. Bonadio allanó en noviembre la sede jurídica de la firma, y solicitó una serie de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la IGJ, incluidas las declaraciones juradas de la presidenta y de sus hijos Florencia y Máximo Kirchner.