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Dos días antes del receso judicial de invierno, la Cámara del Crimen decidió pasar al fuero federal el expediente sobre los presuntos sobornos durante la investigación del crimen del militante Mariano Ferreyra en 2010. Después de tres años y medio en el fuero ordinario, la causa no tenía quién la investigara. Ahora, tras el sorteo, el nuevo juez será Norberto Oyarbide.

El proceso es un caso testigo de cómo funciona el corporativismo judicial: ningún juez quiso averiguar qué pasó con sus colegas de la Cámara de Casación Penal involucrados en el intento de coima para favorecer al líder de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, en la causa por el asesinato del joven del PO. El historial tiene más retrocesos que avances. En el camino, catorce jueces y diez tribunales superiores se excusaron a formar parte. La mayoría puso como argumentos que tienen relaciones de distinta índole (profesionales, personales o familiares) con los tres magistrados en cuestión.

“Este expediente ha estado dando vueltas un montón de tiempo sin que haya un juez que profundice la investigación como lo estaba pidiendo la fiscalía y nosotros”, dijo a Infojus Noticias Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que representa a la madre de Mariano Ferreyra como parte de la querella. El CELS ya advirtió que recurrirá a la decisión de Cámara. También se espera lo que resuelva Oyarbide, quien puede declararse incompetente.

Los magistrados imputados en la causa son Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell -que renunció después- y Mariano González Palazzo –en ese entonces subrogante- procesados por su participación en una maniobra para beneficiar a Pedraza y a su patota. El manejo espurio, que sucedió en 2012, también tuvo como protagonistas a un funcionario judicial encargado de los sorteos de expedientes en el máximo tribunal penal de la Nación, Luis Ameghino Escobar; y al agente de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) Juan José Riquelme, que luego fue desplazado de su cargo. 

En el entramado también intervinieron varios lugartenientes de Pedraza, como Ángel Stafforini, el contador de la UF que consiguió los 50 mil dólares para el supuesto pago. El manejo sale a la luz gracias a las escuchas telefónicas que se hicieron por la pesquisa del crimen. En ese entonces se registraron charlas entre Pedraza, Octavio Aráoz de Lamadrid (ex secretario de la Cámara de Casación Penal), Riquelme y Stafforini en las que se coordinaba el intento de soborno: en las conversaciones el contador de la UF le iba a entregar 50 mil dólares a Aráoz de Lamadrid y él haría las gestiones para direccionar el sorteo hacia la Sala III para que los jueces revocaran los procesamientos. Las pruebas son contundentes: cuando se allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid, se encontró un sobre a su nombre con esa cantidad de dinero.

Investigar desde adentro

Para el CELS no se profundizó la investigación de este manejo. “Hay que terminar de investigar la maniobra. De las escuchas surgen sospechas importantes de que no terminaba ahí. La justicia tiene que ser capaz de investigar irregularidades dentro de la propia justica”, dijo Litvachky a esta agencia. Y agregó: “se trata de un hecho de corrupción en un caso paradigmático como lo es el crimen de Mariano Ferreyra”

Según el último dictamen de la Cámara del Crimen, recién ahora los jueces están imputados. A pesar de que hace más de dos años que se encuentran en esta situación procesal. Horacio Azzolín es el fiscal que interviene en representación del Ministerio Público Fiscal. “Nosotros estábamos pidiendo que se los investigue desde hace más de dos años. La cuestión de competencia ya se discutió. Con los mismos elementos que antes se dijo que no, ahora se dice que tiene que pasar al fuero federal. El argumento es equivocado”, dijo en diálogo con Infojus Noticias.

En su voto, el juez Mario Filozof consideró que debe pasar al fuero federal porque se trata de jueces federales. Mientras que Ricardo Pinto argumentó que pudo haber estado afectado todo el sistema de justicia federal a partir de la presunta designación irregular de Mitchell como presidente de la Casación durante la feria de 2011.

El fiscal remarcó la importancia de que se esclarezca que pasó ya que se trata de una investigación por tráfico de influencias que recae en el máximo tribunal penal del país. Para Azzolín los reveses judiciales en este proceso no son casuales. “El caso evidencia que el Poder Judicial tiene un problema estructural para poder investigarse a sí mismo. Esto hace que estas causas en las que hay involucrados jueces sean más lentas que cualquier otra causa de cualquier hijo de vecino. Siempre que aparece la imputación de un juez  también aparecen excusas variadas”, opinó.

El historial de excusados

Luis Rodríguez fue el primero en tener la causa, pero demoró más de un año en dictar los procesamientos. Luego fue designado como juez federal y dejó el despacho vacante. Durante varios meses se sucedieron distintos subrogantes. Después de Rodríguez,  siguieron Osvaldo Rappa, Guillermo Rongo, Luis Zelaya, Fernando Klappenbach, Jorge Adolfo López, Omar Aníbal Peralta, Fernando Caunedo y Juan Ramos Padilla. También se excusó hasta la jueza Wilma López, que llevó adelante la investigación por el crimen de Ferreyra. El expediente pasó por las manos de diez magistrados y sólo sumó resoluciones de excusación.

En la Cámara del Crimen Mario Filozof, Ricardo Pinto, Julio Lucini, Carlos Alberto González, Alberto Seijas, Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich, Luis María Bunge Campos y Mariano Scotto evadieron formar parte por tener vínculos con su colega. La causa, también, pasó por el despacho del mismo González Palazzo, que debió excusarse por otras razones: está imputado y no puede investigarse a sí mismo.

Cuando hubo tres camaristas dispuestos a pronunciarse sobre las excusaciones en primera instancia, el plazo de subrogancias ya había terminado. El cuerpo judicial quedó en manos de Ormaechea, que imputó a Riggi por cohecho y tráfico de influencias, pero en la misma resolución decidió declararse incompetente.

La causa penal por el crimen de Ferreyra tuvo su condena el 19 de abril del año pasado.  El veredicto incluyó a la patota y a los policías implicados: un total de 14 condenas y tres absoluciones. Los jueces condenaron a José Pedraza a quince años. Su segundo en el gremio, Juan Carlos Fernández, tuvo la misma pena. Los dos autores materiales fueron sentenciados a 18 años. Hoy están todos presos, menos los policías.