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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio por cerrado un caso contra el Estado argentino por supuesta afectación de derechos esenciales de los jubilados. El organismo de la OEA emitió un reporte celebrando los compromisos cumplidos por el país y puso fin a un litigio judicial iniciado en 1995.

El caso fue declarado admisible por la CIDH en 2001, y dos años después, a instancias de la Cancillería Argentina y de la ANSES, las partes convinieron abrir un espacio de diálogo para lograr una solución amistosa. 

El Estado Argentino realizó entonces varias acciones para mejorar los procesos judiciales y administrativos sobre la materia previsional y con las leyes 26.025 y 26.153 se modificaron los aspectos de la 24.463 que podían constituirse en un impedimento para acceder a la Justicia.

Desde este punto de vista el Gobierno Nacional ya hacia 2006 modificó toda la normativa de fondo que podía afectar el derecho al acceso a la Justicia por parte de los titulares de derechos previsionales.

Asimismo, se dictó normativa interna que permitió a la ANSES evitar la apelación de casos puntuales en los que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación tales como el caso Badaro.

"El Gobierno argentino valora positivamente la decisión adoptada por la Comisión, en tanto constituye un reconocimiento expreso a los importantes avances registrados en el marco de la implementación de políticas públicas en materia previsional instrumentadas en el contexto del proceso de solución amistosa del caso", puntualiza el comunicado de Anses y la Cancillería.