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Horacio Ávila quedó en la calle en 2001. Antes vivía en Laferrere, donde trabajaba de tapicero. Alquilaba un local y vivía con su familia al fondo. Usaba insumos importados, pero cuando se disparó el precio del dólar, ya no pudo sostener el negocio. Debía varios meses de alquiler, y decidieron que lo mejor era que su mujer y sus hijas se fueran a vivir a Córdoba, con otra parte de la familia. Las despidió en Retiro y se quedó con 12 pesos en el bolsillo y la ropa que tenía puesta. “Me fui a Congreso y empecé a ver qué era esto de estar en situación de calle”, cuenta Horacio.

Morocho, de ojos bien oscuros y muy fumador, habla pausado cuando cuenta su historia. La puerta de la Biblioteca del Congreso, Plaza Houssay y Plaza de Mayo, fueron algunos de los lugares donde durmió. También la plaza de Jujuy y México, que hoy está enrejada. Dice que en la calle “se vive en comunidad, pero a veces la supervivencia te obliga a ser más individualista”. Horacio y sus compañeros le ganaron al individualismo y decidieron organizarse. Así nació Proyecto 7: una organización de reivindicación y de lucha en defensa de los derechos de las personas en situación de calle, y una de las principales impulsoras de la ley 3.706 de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre cortes y reclamos, Proyecto 7 fue creciendo y se juntó con otras asociaciones que trabajan con gente en situación de calle. La redacción de la ley fue un trabajo conjunto que llevó más de un año. Participaron las distintas asociaciones vinculadas, con aportes de Médicos del Mundo, asambleas barriales, estudiantes de psicología, entre otros. En diciembre de 2009 lograron presentar el proyecto de ley y comenzó un largo proceso de debate. Horacio recuerda que sus compañeros debieron ir a cada una de las sesiones para discutir punto por punto y “coma por coma”. En junio, para promover la aprobación de la ley, organizaron un “frazadazo”: marcharon a la Jefatura de Gobierno bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”. Horacio explica que la frazada es lo que los identifica, porque muchas veces es lo único que tienen para dormir.

El 13 de diciembre de 2010, con el apoyo se senadores de distintos bloques, se aprobó la Ley 3.706 de “Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”. Fue en el marco del conflicto del Parque Indoamericano, cuando cientos de personas ocuparon ese predio en busca de un lugar para vivir. La situación y la negativa del gobierno porteño a responder por las demandas llevó a que Mauricio Macri vetara el artículo 5° de la ley por atribuirle “Un importante grado de imprecisión, que generaría dificultades en su aplicación”. El artículo definía el “derecho a la Ciudad” como una “atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales”.

La ley 3.706 tal y como fue publicada en el Boletín Oficial el 8 de junio de 2011, prevé la implementación de políticas de salud, educación, vivienda y trabajo coordinadas entre los distintos organismos del Estado. Dispone que los centros de servicios socio-asistenciales estén abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Además, obliga al gobierno porteño a designar una partida presupuestaria anual para los programas para personas en situación de calle y en riesgo de estarlo.

En su artículo 11, dispone que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley “dentro de los 90 días de su promulgación”. Dos años después, continúa sin reglamentar. En otros casos, las leyes pueden aplicarse aún sin reglamento. Pero la ley 3.706, en los puntos en que dispone trabajo entre distintos organismos del estado, resulta imposible de llevar a cabo sin una reglamentación específica.

El 3 de junio de este año, Proyecto 7 y otras organizaciones, junto con profesionales y trabajadores de paradores, se juntaron en la esquina de Rivadavia y Callao, frente al Congreso, para denunciar esta situación. Dos días después, las asociaciones que conforman el Espacio Carlos Mugica hicieron una presentación ante la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo la reglamentación de la ley en el plazo de 30 días. Denuncian que hay 17.000 personas en situación de calle o en riesgo de estarlo, de las cuales unas 2.000 son abuelos y 4.500 son niños.

En el escrito sostienen que “la falta de reglamentación de una norma, implica en la práctica la imposibilidad de ejercer por parte de ciudadanos de carne y hueso un derecho consagrado legalmente” y que la norma “así como está, es letra muerta al carecer de una autoridad de aplicación”. En la presentación denuncian también una reducción significativa en el presupuesto destinado al programa de hotelados y al de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Dan cuenta de la posibilidad de promover ante el fuero Contencioso Administrativo una acción de amparo colectivo reclamando “habeas norma”.

Un centro de asistencia que no descansa

Mientras continúa esta disputa, Horacio Ávila lleva adelante el Centro de Integración de Monteagudo 435, un emprendimiento gestionado por Proyecto 7 en el barrio porteño de Parque Patricios. Antes de que se hiciera cargo Proyecto 7 en 2011, el centro funcionó bajo la órbita de la Iglesia Católica. En ese entonces estaba bastante cuestionado por imponer normas “carcelarias”, en materia de horarios y admisión. De cien camas, sólo treinta y ocho estaban ocupadas. Hoy hay 120 camas, y todas están ocupadas. Un equipo de treinta personas, entre directivos, limpieza y mantenimiento se encarga del centro. Reciben un monto del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, que según Horacio, sólo les alcanza para pagar sueldos.

El escritorio de Horacio en el Centro de Integración Monteagudo da cuenta de la labor: desborda de regalos y muestras de afecto. Un dibujo donde él se abraza con el Che Guevara, una escultura de un puño cerrado, dos indios que un compañero encontró en la calle y le regaló. Horacio los recorre uno por uno con cariño, y recuerda quién se lo dio.

Por iniciativa de Horacio y sus compañeros, todas las decisiones se toman en asamblea. Es una lógica diferente a la de otros centros, pero “en general funciona”, dicen José y Oscar. Son de los más jóvenes del centro: tienen 25 y 28 años. Cuentan que al principio no se quedaban a las asambleas, pero ahora sí. “Uh, en la última asamblea se hablaron tantas cosas…”, dice José, “un poco del uso del televisor, de la limpieza”. Se combinan los talleres y los horarios y, eventualmente, alguna que otra sanción consensuada para el que se mandara macanas.

Un hombre de mirada inquieta y sonrisa confiada toma mate en la mesa de enfrente. Se llama Franco, y llegó al centro antes de la gestión de Proyecto 7. Ahora forma parte del equipo: trabaja para el centro y vive en un departamento que alquila. Cuenta que tiene la salud muy deteriorada: con 49 años ya tuvo tres infartos y problemas en los huesos, consecuencia, dice él, de su vida en la calle. Tiene estudios técnicos, pero las adicciones y la falta de empleo lo llevaron, hace ocho años, a perder su casa. Vivió un tiempo en la guardia del Hospital Rivadavia, después en el parador de Retiro. “La falta de trabajo y oportunidades te va llevando de una cosa a otra y cuando mirás atrás, no te quedó nada”, recuerda.

En la primera asamblea, recuerda Franco, los responsables del centro quisieron presentarse; lo mismo hicieron los que estaban viviendo ahí. “En realidad muchos ya nos conocíamos, habíamos dormido en alguna esquina. En la calle te conocés”, dice. Recuerda que cuando se aprobó la ley, festejaron entre todos. Él no participó de la redacción, pero lo sintió como un reconocimiento al grupo. Reclama que haya pocos programas para la gente en situación de calle y cuenta lo difícil que es conseguir trabajo, aun viviendo en un hogar. “Tenés que mentir con la dirección, porque te buscan y no te toman nunca más”, apunta Franco.

Con el tiempo, la gente que vive en el centro se va renovando: muchos consiguen un trabajo y pueden alquilar una pieza, o forman familia y se mudan. Es parte del objetivo del Centro de Integración Monteagudo, y muchos lo van consiguiendo. “Ese es un poquito nuestro orgullo”, confiesa Franco, “que la gente no sea siempre la misma, la finalidad es la reinserción social, y es un incentivo para el que queda porque dice ‘si ese pudo, por qué yo no’”.