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Entre junio y agosto de 2003 Kirchner impulsó la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sólo pidió el juicio político para algunos de sus miembros sino que además propuso un innovador sistema para la selección de nuevos jueces, signado por la transparencia y la participación de la ciudadanía. Fue así que, a través del decreto 222/03, fijó autolimitaciones a la atribución del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes del máximo órgano judicial. Ordenó la publicidad de sus antecedentes, instauró la posibilidad de que los ciudadanos pudieran presentar objeciones a su candidatura y dispuso la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas. En ese nuevo contexto político y judicial, Eugenio Raúl Zaffaroni fue el primer juez propuesto para integrar una nueva Corte.

“Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, estamos ante la oportunidad de un cambio cultural y moral profundo”. Esas palabras resonaban en miles de casas a lo largo y a lo ancho de todo el país en la noche del miércoles 4 de junio de 2003. Era Néstor Kirchner, que hablaba por cadena nacional y empezaba: “En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno”. En tan sólo seis minutos, y en lo que fue un discurso memorable, llamó al Congreso a encarar el juicio político de “uno o más ministros” del máximo tribunal, para reconstituir la calidad institucional que ese “momento de la historia” exigía a la Argentina.

El día anterior, y como corolario de declaraciones cruzadas con el entonces ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Béliz, quien encabezó la Corte Suprema durante casi diez años, Julio Nazareno, aseguraba que renunciar a su cargo no estaba dentro de las posibilidades. Ante la decisión de conservar el corralito bancario –el congelamiento de depósitos de los ahorristas-, Nazareno era cuestionado por la prensa, que le preguntaba si avalar ese mecanismo no era una forma de extorsionar al Gobierno. “Dejate de joder”, fue su respuesta a los micrófonos y cámaras que lo buscaban para exigir una definición política.

Al día siguiente de la cadena nacional, convocó a una reunión a sus pares, a la que acudieron tan sólo dos de los entonces poco ilustres magistrados. Quería decidir una estrategia en común, pero el riojano de los habanos se estaba quedando sólo. Al salir del Palacio de Tribunales, un periodista le preguntó si era cierto que los jueces de la Corte habían extorsionado al Gobierno con un fallo. No fue el fallo sino el acto fallido lo que lo puso en evidencia: “Esa es una de las cosas que tengo que extorsionar”, respondió, quizá queriendo decir que debía evaluar esas afirmaciones.

Unos días después, en la Cámara de Diputados ya estaban definidos los cargos por los cuales se iba a proponer su destitución. Se puso fecha para votar a mediados de julio, y “don Julio”, símbolo de la Corte de la “mayoría automática” y presidente de ella durante diez años casi ininterrumpidos, no se animó a comparecer ante los representantes del pueblo. El 27 de junio de 2003 presentó su renuncia, y adujo “crudas y constantes violaciones al derecho de defensa” en el proceso de juicio político que se estaba gestando en el seno de la Cámara baja. Había comenzado la renovación de la Corte Suprema.

Un año antes, esa renovación había amenazado con suceder a partir del fracasado intento del gobierno de Eduardo Duhalde de promover el juicio político a varios de los miembros del tribunal. Esa acción no prosperó por la resistencia de los diputados menemistas, y porque el planteo comenzó de mayor a menor. El reflejo del fracaso fue la votación para destituir a Carlos Fayt, donde los votos negativos casi triplicaron los de aquellos legisladores que intentaban destituir al veterano ministro. El resultado fue el menos pensado. Harto de la discusión, el juez menos cuestionado de todo el tribunal presentó su renuncia por “cansancio moral”. Duhalde la aceptó, y Gustavo Bossert, el cuentista de la Corte, volvió a la docencia en la Universidad de Buenos Aires.

Renunciados, jubilados y destituidos

El siguiente en renunciar, cuando los diputados preparaban los cargos para enjuiciarlo, fue Guillermo López, apenas unos meses después de Nazareno. El 23 de octubre, el laboralista que había aterrizado en la Corte como parte del Pacto de Olivos, ya no era juez de la Nación. Ese mismo día, la Cámara de Diputados iba a votar la apertura del juicio político, que después tendrían que encarar los senadores. A siete meses de su retiro, el santafecino recién terminaba de tramitar su jubilación cuando lo sorprendió la muerte, como consecuencia de una larga enfermedad.

Eduardo Moliné O’Connor era vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, y un conocido aficionado a ese deporte. En pleno conflicto por la renovación de la Corte, Moliné viajó a Paris a presenciar el torneo de Roland Garros. Un año antes debió retirarse de la platea oficial del Buenos Aires Lawn Tennis Club, por los constantes abucheos de los asistentes. Un reconocido abogado que litigó durante muchos años ante el máximo tribunal razona: “Debe seguir jugando al tenis, porque como abogado no lo he vuelto a oír nombrar en los tribunales”.

El lejano pariente de Sandra Day O’Connor, entonces jueza de la Corte de los Estados Unidos, fue el primer ministro en ser destituido desde los tiempos de Perón. Testarudo, quiso enfrentar el proceso de juicio político por el cual el Senado terminó desplazándolo del cargo. Destituido, comenzó a litigar para exigir su jubilación de privilegio. Estancada por años, la causa se reactivó hace pocas semanas por decisión de la Corte actual, y volvió a tramitar en el fuero contencioso administrativo federal.

Ya en 2004 se retiró Adolfo Vázquez, en septiembre, cuando no pudo evitar más el juicio político que se venía dilatando por los procesos anteriores, pero que había sido planteado desde un comienzo por Néstor Kirchner. Adujo “amenazas” a su familia, y sostuvo que no quería “exponerla”. Al mismo tiempo que pronunciaba esas excusas, dejaba entrever su verdadero temor: “Enfrentar este juicio es lo mismo que pelear con una piedra contra todo un ejército”. Augusto Belluscio, ni bien alcanzó los 75 años que la Constitución establecía como límite para jubilarse, se retiró del tribunal, en junio de 2005.

El último en irse fue Antonio Boggiano. Como Moliné O’Connor, no quiso parecer cobarde y enfrentó el juicio político en el Congreso, poniendo en riesgo su pensión vitalicia. Conocido por su pertenencia al Opus Dei, el ex cortesano fue defendido por María Angélica Gelli –la administrativista que defendió a Clarín en las audiencias públicas por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual-, y por Marcelo Sancinetti, otro destacado jurista igual de respetado como de polémico, por sus dictámenes teóricos en defensa de Alfredo Yabrán, Eduardo Angeloz, y Julio Grassi.

Después de la feria judicial del año pasado, la Cámara de la Seguridad Social le reconoció su jubilación en un fallo dividido, a pesar de haber sido destituido. En una rudimentaria página web que montó hace algunos años, el ex ministro reprodujo su escrito de defensa ante el Congreso y reflejó parte del proceso en versiones taquigráficas. Hasta agosto de 2009 colgó notas y editoriales periodísticas que critican su destitución, y hasta la califican de “golpe institucional”. Casualmente, todos los textos son tomados del diario La Nación.

Nuevos tiempos políticos, nueva Corte

Bajo esta nueva normativa, fueron designados ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, que fue elegido luego por sus pares para encabezar el nuevo máximo tribunal.

En noviembre de 2006, Diputados convirtió en ley un proyecto que había sido impulsado en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner: reducir de nueve a cinco los miembros de la Corte y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990, cuando el ex presidente Carlos Menem amplió su integración y conformó lo que luego sería la "mayoría automática". La misma norma estableció que, desde su entrada en vigencia, la cantidad de miembros se reducirá transitoriamente a siete y no cubrirá las vacancias que eventualmente se produzcan hasta llegar a los cinco miembros.

A las renuncias de Nazareno, López y Vázquez, y a las destituciones de Moliné O'Connor y Boggiano se sumó luego la jubilación de Augusto Belluscio.