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La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó un nuevo caso contra la Argentina. La empresa que promovió la demanda es la gasífera británica BG Group Plc, ex British Gas, que busca que se ratifique un laudo arbitral por el que el Estado argentino debía pagarle 185 millones de dólares e intereses. Esta vez no se trata de fondos buitre, sino de otro resabio de los Tratados Bilaterales de Inversión firmados a comienzos de la década del ’90.

BG Group se benefició de un tratado entre Gran Bretaña y Argentina que imponía la prórroga de la jurisdicción nacional en materia de soberanía económica. El acuerdo otorgaba condiciones favorables para la inversión de empresas británicas en territorio argentino, con el argumento de “promover el ingreso de capital extranjero”. Ese tratado determinaba que en caso de disputas sobre los negocios amparados por el texto, la discusión se resolvería bajo las normas Uncitral, un protocolo de arbitraje muy similar al utilizado en los tribunales del CIADI.

La compañía británica era accionista de Metrogas, y en 2003 acudió a un tribunal arbitral por supuestas violaciones al tratado. Denunció que había sido perjudicada por el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno nacional, y que sufría de otras contrariedades derivadas de la pesificación. El tribunal le dio la razón, y en la Nochebuena de 2007, dictó un laudo arbitral en el que condenó a la Argentina a pagar 185 millones de dólares por daños, y otros alrededor de 5 millones por costas legales.

El Estado argentino, según lo establecido en el tratado, apeló el laudo arbitral en la Corte del distrito de Columbia, y planteó que no se habían respetado los procedimientos del pacto. Argentina pidió que se declare la nulidad del laudo, por vicios “de forma y fondo”. La empresa británica debía iniciar trámites judiciales en los juzgados nacionales antes de recurrir al tribunal arbitral, paso que eludió completamente, violando las disposiciones bilaterales.

En la apelación, Argentina señaló que las declaraciones testimoniales presentadas de parte de BG eran idénticas a las de otros casos anteriores, y concluyó que se trataba de testimonios fraguados e ilegítimos. En enero de 2012, la Corte de Columbia declaró nulo el laudo, y BG Group no pudo cobrar los casi 200 millones de dólares. La gasífera apeló el fallo y la Corte Suprema de Estados Unidos debía decidir si admitía o no la apelación. Ayer decidió que analizará la causa, y a partir de octubre comenzará a escuchar los argumentos de ambas partes. Se estima que habrá una decisión antes de mediados del 2014.

Los Tratados Bilaterales de Inversión fueron firmados entre países “subdesarrollados” y  potencias extranjeras, para garantizar la inversión de sus empresas en el territorio de naciones que no ofrecían “seguridad jurídica”. En esos Tratados se acordaba la prórroga de la jurisdicción de los tribunales nacionales, es decir, se le daba atribuciones a tribunales extranjeros para decidir en asuntos de soberanía nacional.

Similar es el caso de los bonos de la deuda argentinos que eran regidos por la ley estadounidense y que por ello hoy se disputan en los tribunales del norte. En ese marco se insertan las disputas con los “fondos buitre”, fondos de inversión que compraron bonos argentinos a precio vil cuando el país se encontraba en cesación de pagos. Hoy, esos grupos reclaman el pago del valor original de los bonos, y perjudican a los acreedores que ingresaron en las renegociaciones de la deuda y aceptaron recibir pagos de menor valor.